ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- En el complejo tablero de la administración pública y la economía doméstica, pocas variables tienen tanta fuerza para estabilizar la gobernabilidad o encender el malestar social como los precios de los hidrocarburos. El reciente anuncio de que el Gobierno dominicano aplicará un «ajuste» definitivo en las tarifas de los carburantes para, posteriormente, intentar congelarlos de manera estricta durante los próximos tres meses, ha colocado el debate económico en el centro de la atención digital este viernes 12 de junio de 2026.
Esta estrategia de fijación temporal no responde a una tregua espontánea de los mercados internacionales, sino a un cálculo de contención frente a la volatilidad extrema derivada de las persistentes tensiones en el Estrecho de Ormuz, donde el barril de petróleo ha fluctuado de forma salvaje.
Congelar los precios es, en esencia, un dique de contención político para frenar la inflación y dar previsibilidad a una clase media y a unos sectores productivos que ya no soportan más presión micro en sus presupuestos [La paradoja del surtidor: El costo de un petróleo ajeno y un presupuesto bajo fuego, El pulso de agosto: La resistencia ciudadana frente al nuevo ordenamiento legal].
Para entender por qué el combustible es tan costoso en la República Dominicana, es obligatorio desnudar su estructura fiscal. Contrario a lo que muchos suponen, el ciudadano común no solo paga por el valor del petróleo refinado o líquido que importamos en su totalidad [La paradoja del surtidor: El costo de un petróleo ajeno y un presupuesto bajo fuego].
El verdadero peso en la bomba radica en que pagamos un impuesto fijo por cada galón de combustible adquirido. Esta arquitectura tributaria está regida principalmente por la Ley 112-00 de Hidrocarburos, que establece un impuesto específico por galón, sumado a un impuesto ad valorem del 16% sobre el precio de paridad de importación instituido por reformas posteriores.
Esto significa que antes de que el combustible llegue al tanque de un vehículo, el Estado dominicano ya ha cobrado una de las tasas impositivas más altas de la región, convirtiendo a los derivados del petróleo en una de las fuentes de recaudación fiscal más adictivas e indispensables para el sostenimiento del Presupuesto Nacional [La paradoja del surtidor: El costo de un petróleo ajeno y un presupuesto bajo fuego].
Sin embargo, el punto que genera mayor indignación y fricción en la psique colectiva es la asimetría en el esfuerzo. Mientras el trabajador de a pie, el chofer de carro público y el pequeño empresario hacen malabares quincenales para costear los RD$331.10 de la gasolina Premium o los RD$257.80 del gasoil regular, la realidad institucional nos dice que no todos compramos bajo las mismas condiciones.
Existen marcadas excepciones en el sistema: los llamados combustibles subsidiados o exonerados destinados a sectores industriales específicos, empresas de generación eléctrica, la minería y los cupos asignados a altos cargos de la administración pública, legisladores y cuerpos militares. Estos privilegios de exención representan miles de millones de pesos en sacrificio fiscal anual.
La pregunta obligada desde la ciencia política es obvia: ¿Quién asume el gasto de esas exoneraciones? La respuesta es tan cruda como realista: el hilo siempre se corta por lo más delgado. Esos galones de combustible que la élite política o los grandes conglomerados corporativos consumen sin pagar impuestos son financiados directamente por el ciudadano común a través de dos vías: un mayor déficit fiscal que incrementa la deuda pública global, o mediante el mantenimiento artificialmente alto de los impuestos por galón que paga el resto de la población desprotegida. Es un subsidio cruzado donde la masa de a pie termina pagando el peaje energético de los sectores más favorecidos.
La tregua de tres meses que el Gobierno intenta implementar busca despresurizar un ambiente social caldeado. No obstante, la administración de la crisis mediante el congelamiento temporal es solo un parche en una estructura que requiere una cirugía profunda.
Un Estado moderno y con vocación de equidad no puede sostener su recaudación sobre el lomo fatigado de sus consumidores de clase media y baja mientras mantiene intactos los esquemas de privilegios corporativos y burocráticos. La estabilidad de un país no se garantiza únicamente logrando que los gráficos macroeconómicos cuadren en los despachos oficiales; se logra transparentando la factura del surtidor y asegurando que, en épocas de vacas flacas, el sacrificio energético sea verdaderamente democrático y compartido por todos.
