ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- La preocupación por la seguridad ciudadana en la República Dominicana ha dado un giro alarmante en este mes de octubre de 2026. Ya el peligro no está solamente en las calles; la realidad fáctica que enfrentan las familias es que los antisociales han roto la barrera de la intimidad familiar para meterse directamente en los hogares, amordazando y amarrando a los ciudadanos para quitarles lo que han conseguido con el sudor de su frente. Este patrón de asaltos residenciales ha borrado la sensación de paz en los barrios y urbanizaciones, llevando al ciudadano de a pie a sentir que ni entre sus propias cuatro paredes está seguro.
Este nivel de violencia genera una profunda frustración social, sobre todo cuando el dominicano serio contrasta su realidad con lo que ocurre dentro del sistema carcelario del país. La transparencia informativa obliga a señalar que la circulación de videos en redes sociales grabados por los mismos internos desde las prisiones, junto a las constantes denuncias de extorsiones telefónicas operadas desde las celdas, se percibe como una burla directa hacia la población trabajadora, evidenciando fallas graves en los controles tecnológicos y en el régimen correctivo de los centros de reclusión.
Esta acumulación de impunidad y cinismo delictivo es lo que ha provocado que gran parte de la sociedad mire con desconfianza los discursos de los organismos de derechos humanos cuando estos se oponen a los métodos de mano dura o al uso de la fuerza letal por parte de las patrullas policiales. Para el ciudadano común, que madruga diariamente para cumplir con la ley y sostener a los suyos, resulta incomprensible que las garantías procesales parezcan proteger más al infractor reincidente que a la propia víctima del crimen.
Sin embargo, el rigor del análisis normativo exige entender que la solución definitiva al caos delincuencial no radica en romper las reglas del juego democrático, sino en obligar al Estado a ejecutar una reforma carcelaria verdadera que elimine los privilegios internos, bloquee la señal celular en los penales y depure los cuerpos del orden. El valor de este diagnóstico transparente consiste en recordarles a las autoridades que el bienestar del dominicano honesto no puede seguir bajo el peso del temor constante. Recuperar el orden y la tranquilidad en el territorio nacional demanda que la ley se aplique con firmeza y que el hogar dominicano vuelva a ser el refugio seguro e inviolable que por derecho constitucional le corresponde a cada ciudadano de la nación.
