ELLOS OPINAN RD
SANTO DOMINGO, RD.- El nuevo Código Penal que está pendiente de aprobación en el Senado de la República contempla un aumento de la sanción para las personas que usurpen títulos profesionales o practiquen intrusismo.
Mientras la pieza vigente, que tiene cerca de 200 años pululando en la vida nacional, establece penas de un mes a un año de prisión por este delito, el nuevo Código Penal aumenta las penas de dos a tres años de prisión para quienes usurpen funciones profesionales.
En su artículo 338 indica que quien utilice sin derecho para ello un título otorgado para el ejercicio de una profesión regulada por la autoridad pública, un diploma oficial o alguna calidad profesional o técnica, cuyas condiciones de disfrute u ostentación son fijadas por la ley, o quien ejerza una profesión sin el exequátur o licencia correspondiente, cuando estos se requieran, será sancionado con dos a tres años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público.
El programa N Investiga ha realizado decenas de reportajes denunciando la práctica del intrusismo en la República Dominicana, principalmente en el área de la salud, lo que ha desencadenado en sometimientos judiciales y condenas contra quienes cometen este tipo de delitos.
Además del aumento en la pena privativa de libertad, el nuevo texto legal busca desincentivar la práctica del intrusismo profesional mediante sanciones económicas más severas y un lenguaje normativo más preciso.
Este tipo de prácticas, que afectan directamente a la salud, seguridad y derechos de los ciudadanos, han sido denunciadas de forma recurrente en sectores como la medicina, la ingeniería, el derecho y la educación.
Organizaciones gremiales y colegios profesionales han respaldado esta modificación, al considerar que representa un avance hacia el fortalecimiento institucional y el combate contra el fraude y la competencia desleal en el ámbito laboral.
También han exhortado a los legisladores a aprobar el nuevo Código Penal cuanto antes, destacando que es una herramienta legal necesaria para enfrentar los desafíos sociales y judiciales actuales.
