ELLOS OPINAN RD
Por: Ydalina Leticia Rosario Monción
SANTO DOMINGO, RD.- En un movimiento que ha encendido las alarmas de la sociedad civil y los organismos de transparencia, el Senado de la República ha puesto sobre la mesa una propuesta legislativa que busca eliminar las sanciones penales para los alcaldes que incurran en el mal manejo del presupuesto municipal. Lo que para algunos legisladores es una «flexibilización administrativa», para el ciudadano de a pie se traduce en una pregunta inquietante: ¿Estamos legalizando la impunidad en los ayuntamientos?
El proyecto de ley ya fue propuesto y aprobado de urgencia en dos lecturas consecutivas por el Senado de la República el pasado 8 de enero de 2026.
Aquí los detalles específicos sobre los responsables y el estado de la pieza:
- Proponente principal: El proyecto fue elaborado y presentado por el senador Aneudy Santos.
- Votación: La pieza fue aprobada por unanimidad de los senadores presentes en la sesión del 8 de enero de 2026.
- Contenido clave: La propuesta elimina las sanciones penales (prisión) establecidas en la legislación vigente (Ley 176-07 y sus modificaciones) para los alcaldes que violen la distribución porcentual del presupuesto. En su lugar, estas faltas se tratarían únicamente por la vía administrativa.
- Otras modificaciones: El proyecto también abre la puerta a que las alcaldías puedan utilizar hasta el 75% de sus ingresos para el pago de nómina (gasto corriente), lo cual ha generado fuertes críticas por parte de sectores que consideran que esto fomenta el clientelismo y reduce la inversión en obras comunitarias.
Estado actual: Tras su aprobación en el Senado, la pieza debe pasar ahora a la Cámara de Diputados para su discusión y posible aprobación definitiva.
¿En qué consiste el cambio?
La propuesta busca que las irregularidades en el uso de los fondos públicos municipales —como el desvío de partidas, la falta de soportes en gastos o el incumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones— dejen de ser perseguidas por la vía penal (que conlleva cárcel) y se limiten únicamente a sanciones administrativas o multas.
¿Cómo te afecta esto a ti, dominicano?
Usted podría pensar que esto es un tema de «políticos contra políticos», pero la realidad es que el impacto llega directamente a su barrio:
- Menos obras, menos servicios: Si un alcalde sabe que no enfrentará prisión por malversar fondos, el incentivo para cuidar cada peso disminuye. Esto se traduce en calles con baches, falta de iluminación y una recogida de basura deficiente.
- Retroceso en la lucha contra la corrupción: Durante años, el país ha luchado por fortalecer la transparencia. Eliminar la amenaza de cárcel para quienes administran el dinero local es dar un paso atrás de décadas.
- Debilitamiento de la Cámara de Cuentas: Si los informes de auditoría no tienen consecuencias penales, el órgano fiscalizador se convierte en un «león sin dientes», capaz de señalar el error pero incapaz de castigar al responsable.
¿A quién «conviene» realmente?
Los defensores de la medida argumentan que los alcaldes a menudo cometen errores técnicos por falta de personal capacitado y que no deberían ser tratados como criminales por fallos burocráticos. Alegan que esto «dinamizaría» la gestión municipal al quitarle el miedo a la firma.
Sin embargo, el límite entre un «error técnico» y un «acto de corrupción» es extremadamente delgado. Al eliminar la vía penal, se pierde la herramienta más fuerte para disuadir el robo descarado del erario.
Un llamado a la vigilancia
El presupuesto municipal no es dinero del Estado; es el dinero de sus impuestos, el sudor de su trabajo destinado a que su comunidad sea digna. Como ciudadanos, es imperativo exigir que quienes manejan esos fondos rindan cuentas con el mayor rigor posible.
La transparencia no es negociable. Permitir que los alcaldes operen bajo un manto de protección legal frente a la justicia penal no es modernizar el Estado, es dejar las puertas abiertas para que el patrimonio de todos se pierda en los bolsillos de unos pocos.
¿Estamos dispuestos a permitir que el dinero de nuestros barrios se maneje sin consecuencias reales? La respuesta debe ser un rotundo «no» en las calles y en las urnas.
