ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (Letty)
SANTO DOMINGO, RD.- En un gesto que reafirma su compromiso con el manejo pulcro de las finanzas públicas, el presidente Luis Abinader ha tomado una decisión que, aunque técnica, envía una señal política y ética contundente: la devolución a la Cámara de Diputados del proyecto de ley que buscaba autorizar el pago de deudas acumuladas por instituciones del Estado con contratistas desde años anteriores.
A primera vista, el pago a suplidores y contratistas podría parecer una medida necesaria para dinamizar la economía y hacer justicia a quienes han prestado servicios al Estado. Sin embargo, el mandatario, actuando bajo su facultad constitucional de observación, ha preferido poner un freno para garantizar que cada centavo del pueblo dominicano sea entregado bajo el más riguroso cumplimiento de la ley.
¿Por qué esta decisión es positiva para el país?
La devolución de esta pieza legislativa no es un «no» al pago, sino un «sí» a la legalidad. Los puntos clave que motivaron esta decisión reflejan una visión de Estado responsable:
- Respeto a la Ley de Compras y Contrataciones: El Ejecutivo argumenta que muchas de estas deudas carecen de la documentación técnica o legal requerida por la Ley No. 340-06. Pagar sin que existan los soportes adecuados sería sentar un precedente peligroso de desorden administrativo.
- Protección del Presupuesto Nacional: Al observar la ley, Abinader evita que se realicen pagos que no cuenten con la debida apropiación presupuestaria, protegiendo así la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana en este inicio de 2026.
- Lucha contra la Opacidad: Esta acción previene el pago de «facturas de cajón» o compromisos adquiridos de forma irregular en administraciones pasadas que no han sido debidamente validados por la Contraloría General de la República.
Un mensaje de confianza
Para el lector y el ciudadano de a pie, esta noticia debe leerse como un mensaje de tranquilidad. Estamos ante un Ejecutivo que no teme corregir la plana al Poder Legislativo cuando se trata de salvaguardar el erario. Es una muestra de que el sistema de «pesos y contrapesos» funciona y que la institucionalidad está por encima de las presiones de grupos de interés.
La transparencia no solo se predica, se ejerce. Al devolver esta ley, el presidente Abinader invita a los diputados a revisar los mecanismos de validación, asegurando que solo aquellos contratistas que cumplieron honestamente con el Estado reciban su pago, eliminando cualquier sombra de duda sobre posibles irregularidades.
En conclusión, la prudencia fiscal hoy es la garantía de los servicios públicos de mañana. Esta decisión no solo protege el bolsillo de los contribuyentes, sino que eleva el estándar de cómo se deben gestionar las deudas del pasado: con la luz del sol y el rigor de la ley por delante.
