La coartada del «bien común»: Cuando el dinero sucio busca refugio en la política

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ELLOS OPINAN RD

Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)

SANTO DOMINGO, RD.- En el teatro de la justicia dominicana, el guion parece repetirse con una monotonía alarmante. Cada vez que un funcionario o figura de poder es acorralado por evidencias de malversación, surge la misma estrategia: diluir la culpa individual en la colectividad de un proyecto político.

El caso más reciente, que ha sacudido la opinión pública este lunes 19 de enero de 2026, involucra a Santiago Hazim, exdirector de SeNaSa, quien según documentos de interrogatorios revelados, alegaba que el dinero en efectivo proveniente de supuestos sobornos no era para enriquecimiento personal, sino que «iba para la campaña del PRM».

El escudo de la campaña electoral

Esta declaración no es una simple confesión; es una táctica de defensa calculada. Al afirmar que los fondos tenían como destino el financiamiento partidario, el imputado intenta transformar un delito común de corrupción en una suerte de «mal necesario» por una causa política superior. Es la excusa perfecta para evadir la responsabilidad moral: el culpable no se presenta como un ladrón, sino como un «facilitador» de la maquinaria que llevó al poder a su organización.

Sin embargo, esta línea de defensa ignora deliberadamente a quiénes afecta. En el entramado de SeNaSa, donde se investiga un presunto desfalco de RD$15,900 millones, los afectados no son los partidos, sino los ciudadanos que dependen de un sistema de salud eficiente. Utilizar la política como excusa es, en esencia, admitir que se sacrificó el bienestar público en el altar del poder partidario.

Escusas recurrentes: El manual del imputado

El caso de Hazim —quien actualmente cumple 18 meses de prisión preventiva mientras su defensa busca hoy, 20 de enero, una variación de la medida— es un ejemplo de libro de texto sobre las excusas para alegar defensa sin importar el daño colateral:

  1. La obediencia jerárquica o «causa partidaria»: Argumentar que el dinero «era para el partido» busca generar un manto de impunidad colectiva, sugiriendo que si él cae, la estructura entera se tambalea.
  2. El cuestionamiento al testigo: Ante las pruebas, la defensa suele atacar la credibilidad de quienes cooperan con la justicia, como ocurre actualmente con las objeciones al testigo José Pablo Ortiz Giráldez en este proceso.
  3. La salud como salvoconducto: Es ya una tradición ver a imputados alegar crisis médicas súbitas o traslados en silla de ruedas para apelar a la sensibilidad del tribunal y obtener arresto domiciliario.

La justicia frente al espejo

Mientras la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conoce los recursos interpuestos por Hazim y otros seis implicados, la sociedad observa con escepticismo. ¿Es válido que un funcionario use como escudo la bandera de su propio partido para justificar el manejo de efectivo de dudosa procedencia?

La respuesta debe ser un rotundo no. Si la justicia permite que el «financiamiento de campaña» se convierta en una patente de corso para el manejo de sobornos, el mensaje será claro: las instituciones estatales son solo cajeros automáticos para la política. Al final del día, no importa cuántas excusas se lancen al aire; el dinero que falta en los hospitales es el mismo que hoy se alega fue a parar a las vallas y mítines de una campaña electoral.

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