SeNaSa: Cuando el derecho a la defensa choca con la agonía del paciente

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ELLOS OPINAN RD

Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)

SANTO DOMINGO, RD.- La salud en la República Dominicana no solo se debate en los hospitales, hoy se litiga en los tribunales. El caso SeNaSa (u Operación Cobra), que involucra un presunto desfalco que algunas fuentes sitúan entre los 15,000 millones y hasta 43,000 millones de pesos, ha pasado de ser un escándalo administrativo a una herida abierta para miles de afiliados.

Hasta hoy, el proceso se encuentra en una fase crítica. Tras más de 12 horas de audiencia este martes 3 de febrero de 2026, la Corte de Apelación del Distrito Nacional recesó el conocimiento de los recursos interpuestos por Santiago Hazim y otros seis imputados, quienes buscan variar la prisión preventiva de 18 meses que pesa sobre ellos.

Es aquí donde surge el debate ético-legal: ¿hasta dónde llega la estrategia de un abogado defensor? En este caso, hemos visto cómo se utilizan informes de salud para alegar que el recinto carcelario pone en riesgo la vida de los imputados. Por ejemplo, se ha destacado que el exdirector de SeNaSa ha perdido entre 70 y 80 libras durante su reclusión.

Abogados como Carlos Balcácer sostienen que la medida debe variarse al no existir peligro de fuga, recurriendo a condiciones humanas para mitigar la severidad judicial. Si bien es un derecho legítimo, para la sociedad suena a ironía: usar la salud como salvoconducto cuando el objeto del delito es, precisamente, el dinero que debía garantizar la salud de los más vulnerables.

Infografía

Mientras tanto, los pacientes querellantes viven una realidad distinta. Ciudadanos que se han presentado con denuncias formales enfrentan un sistema con reclamaciones pendientes que superan los 20,000 millones de pesos.

La comunidad espera del Ministerio Público, liderado en sus pesquisas por figuras como Yeni Berenice Reynoso, no solo condenas ejemplares, sino la recuperación de los activos. El sentimiento colectivo es de una profunda indignación; se exige que la justicia no se pierda en tecnicismos ni en «enfermedades de banquillo», sino que responda a quienes hoy padecen la falta de servicios por este alegado entramado.

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