ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- Lo que durante décadas se manejó como un «secreto a voces» en los pasillos de las instituciones públicas ha saltado al centro del debate nacional. El cobro de un porcentaje del salario a empleados nombrados para financiar las arcas partidarias ha dejado de ser una tradición política para convertirse en un polvorín legal y un riesgo reputacional para el partido de Gobierno.
¿Qué dice la Ley? El muro de la ilegalidad
A pesar de ser una práctica arraigada en la cultura política dominicana, el marco legal vigente es tajante. La Ley 41-08 de Función Pública prohíbe explícitamente realizar deducciones en el sueldo de los servidores públicos que no estén autorizadas por ley (como la seguridad social y el impuesto sobre la renta).
Empleados del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA)
Asimismo, la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece que las cuotas de los miembros deben ser voluntarias. Juristas consultados coinciden en que cualquier descuento automático o presión para el pago de «diezmos» partidarios bajo amenaza de cancelación constituye una violación al derecho al trabajo y una posible malversación de fondos públicos si se utilizan recursos del Estado para gestionar dichos cobros.
El ataque de los medios: ¿Por qué tanta agresividad?
La prensa nacional ha arreciado sus críticas contra esta práctica por tres razones fundamentales:
- Vulnerabilidad del empleado: En un contexto de alta inflación y costo de la vida, el descuento de un 5% o 10% del salario golpea directamente la economía familiar de quienes menos ganan.
- Transparencia: Los medios cuestionan el destino de estos fondos. Al no pasar por los controles del sistema financiero estatal, este flujo de efectivo se convierte en una «caja chica» difícil de auditar, lo que alimenta la percepción de corrupción.
- Clientelismo: Se percibe como la perpetuación del «Estado botín», donde el empleo no se otorga por méritos, sino como un favor que debe pagarse mensualmente.
Figuras en defensa y la sombra de la coacción
Resulta paradójico que, en pleno 2026, figuras públicas y cuadros políticos de media jerarquía hayan salido en defensa de esta práctica. El argumento utilizado es la «solidaridad partidaria»: sostienen que quienes están en el tren gubernamental le deben su posición al partido y deben contribuir a su sostenimiento.
Sin embargo, el tono de estos discursos ha cruzado en ocasiones la línea de la ética. Mensajes indirectos en redes sociales y asambleas advirtiendo que «quien no aporta no es leal» o que «hay muchos compañeros afuera esperando una oportunidad» han sido interpretados como amenazas veladas. Estas advertencias buscan generar miedo a la cancelación, forzando a los empleados a ceder parte de su sustento para mantener su estabilidad laboral.
Efecto bumerán: Secuelas para el partido de Gobierno
Continuar con esta práctica genera un costo político que podría ser letal en las próximas contiendas electorales:
- Desgaste de la clase media: La base de votantes independientes, que penaliza las prácticas de la «vieja política», ve con rechazo estas imposiciones.
- Desmotivación laboral: El servidor público que se siente extorsionado por su propio partido no rinde igual y acumula un resentimiento que suele manifestarse en el «voto de castigo» interno.
- Fuga de talento: Los profesionales técnicos más capacitados evitan el sector público para no verse involucrados en dinámicas de presión política, debilitando la calidad de la gestión gubernamental.
- Conflictos judiciales: El riesgo de demandas colectivas ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) podría generar un precedente jurídico que obligue al Estado a devolver millones de pesos en descuentos ilegales.
Conclusión
El cobro de cuotas obligatorias es un síntoma de un sistema partidario que aún no termina de profesionalizarse. Mientras el país avanza hacia leyes de fiscalización más estrictas, el partido oficialista se enfrenta a una decisión crítica: institucionalizar sus finanzas con transparencia o seguir arriesgando su capital político por el sostenimiento de una estructura que la sociedad actual ya no tolera.
