ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- República Dominicana ha amanecido hoy, 10 de marzo de 2026, bajo el eco de una promesa que retumba en los pasillos del Palacio de Justicia: la transformación profunda del Ministerio Público propuesta por la magistrada Yeni Berenice Reynoso. La intención es loable y, sobre el papel, necesaria para una institución que históricamente ha navegado entre la precariedad técnica y las presiones políticas. Sin embargo, en las calles de Santo Domingo, el optimismo institucional choca de frente con una realidad que la población ya no está dispuesta a ignorar: la justicia a dos velocidades.
La reforma: ¿Cambio de piel o de sistema?
La propuesta de la magistrada busca dotar al órgano persecutor de herramientas tecnológicas y autonomía financiera, eliminando los vicios que permiten que los expedientes se oxiden en los archivos. Es un paso hacia la modernidad, pero la ciudadanía no espera algoritmos ni edificios remodelados; espera sentencias.
A día de hoy, el inventario de casos de alta corrupción —aquellos con nombres sonoros y cifras que marean al contribuyente— sigue en una sala de espera que parece eterna. La percepción es peligrosa: se percibe que mientras la magistratura anuncia reformas, los procesos se dilatan en una maraña de tecnicismos legales que solo el poder puede financiar.
La brecha de la pena: El «jodido» vs. el adinerado
Es aquí donde la indignación social se convierte en columna editorial. Existe una confusión —o más bien, una certeza dolorosa— en la diferencia de las penas y el trato procesal. La balanza dominicana parece tener un sensor de metales preciosos:
- Para el «jodido», aquel que roba un celular o se ve envuelto en una riña de barrio, la justicia es eléctrica, sumaria y, a menudo, implacable. Las cárceles preventivas, hacinadas y deshumanizadas, son su destino inmediato.
- Para el adinerado, el trato es de seda. La prisión preventiva se sustituye por arrestos domiciliarios en torres de lujo, y los años de condena parecen negociarse bajo una hermenéutica legal que siempre encuentra un atenuante en el «cuello blanco».
Esta disparidad no es solo una falla administrativa; es un cáncer para la credibilidad del sistema. ¿De qué sirve una transformación profunda de la institución si la vara de medir sigue siendo el grosor de la billetera del imputado?
El veredicto de la calle
La población dominicana ha demostrado una paciencia de hierro, pero el reloj está en contra. La espera por los casos emblemáticos no es un capricho mediático, es la necesidad de creer que el «debido proceso» no es un eufemismo para la impunidad selectiva.
La reforma que plantea Yeni Berenice Reynoso solo será creíble si logra derribar la muralla que protege a los poderosos. La transformación no debe ser solo tecnológica o jerárquica, sino ética. El país no necesita un Ministerio Público que hable mejor, sino uno que castigue igual al que sustrae un racimo de plátanos que al que desfalca el erario público por miles de millones.
Conclusión
Si la justicia sigue siendo un artículo de lujo, cualquier reforma será vista como maquillaje. La verdadera transformación ocurrirá el día en que un dominicano «de a pie» y un exfuncionario de alto nivel enfrenten las mismas consecuencias por sus actos. Mientras tanto, la propuesta de la magistrada es un barco con buena pro, pero que navega en aguas turbias de escepticismo. La justicia que tarda es injusticia, pero la justicia que discrimina es, sencillamente, una farsa institucional.
