ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- La Semana Santa en la República Dominicana ha dejado de ser, hace mucho tiempo, un espacio exclusivo para el recogimiento litúrgico.
Hoy, el asueto mayor se ha transformado en un complejo escenario de pulso social donde el Estado dominicano despliega todo su músculo regulador bajo una premisa innegociable: salvar vidas. Sin embargo, tras el despliegue del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y las restricciones de Interior y Policía, subyace un debate más profundo sobre los límites de la libertad individual y la eficacia de nuestra cultura preventiva.
El patrón se repite con precisión de reloj suizo. De un lado, el Gobierno anuncia un catálogo de prohibiciones: clausura de balnearios, restricciones al expendio de alcohol, veda al tránsito de vehículos pesados y la cancelación de eventos masivos en playas.
Del otro, una ciudadanía que oscila entre el acatamiento y la indignación, cuestionando si estas medidas son prevención real o un «toque de queda disfrazado» que castiga al comercio local y coarta el esparcimiento.
Esta fricción revela una de nuestras mayores debilidades estructurales: la falta de una cultura de prevención orgánica. El Estado dominicano se ve obligado a actuar como un «padre estricto» porque, como sociedad, hemos fallado en la autogestión del riesgo.
Mientras las estadísticas de accidentes de tránsito sigan situándonos en los puestos más trágicos del ranking mundial, el argumento oficial de la seguridad colectiva siempre pesará más que el derecho individual al «teteo» o a la libre circulación.
Sin embargo, la queja ciudadana tiene puntos válidos que no deben ser ignorados. La inconsistencia en la aplicación de la norma es, quizás, el flanco más débil de estos operativos.
No es secreto para nadie que, mientras en algunos barrios la autoridad confisca bocinas con rigor espartano, en ciertos enclaves turísticos o villas privadas la música y el exceso fluyen con una discrecionalidad que hiere el concepto de igualdad ante la ley. Esa aplicación desigual de la norma erosiona la autoridad moral de las restricciones.
Además, cabe preguntarse sobre la eficacia real del modelo prohibitivo. Si cada año aplicamos las mismas restricciones y los indicadores de fatalidad se mantienen estables o con variaciones mínimas, ¿estamos atacando las causas o solo los síntomas?
La prevención no debería ser un evento de cuatro días con despliegue militar, sino una política pública de 365 días centrada en la educación vial y el cumplimiento estricto de la ley de tránsito durante todo el año.
En el fondo, la Semana Santa dominicana es el espejo de nuestras contradicciones. Queremos la libertad de un país desarrollado, pero a menudo mostramos la imprudencia de una sociedad sin institucionalidad. Mientras la responsabilidad individual no sea la norma, seguiremos condenados a ver cómo el Estado intenta evitar la tragedia a fuerza de decretos y retenes.
Gobernar la Semana Santa es, en última instancia, gestionar un choque cultural entre la tradición, el descanso y el orden.
El reto para las autoridades no es solo prohibir más, sino convencer mejor; y para el ciudadano, entender que la verdadera libertad no es la que ignora el peligro, sino la que sabe disfrutar sin convertirse en una cifra más de los boletines oficiales.
