ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- En la reciente arquitectura legal de nuestro sistema electoral, ha pasado casi inadvertida una señal que debería encender todas las alarmas democráticas: la persistente resistencia a democratizar el acceso al poder fuera de las siglas tradicionales.
La promulgación de leyes que mantienen el candado sobre las candidaturas independientes no es un error de cálculo ni una omisión ingenua del Ejecutivo; es el síntoma de un sistema que, bajo la bandera de la «estabilidad», ha decidido atrincherarse.
Es tentador reducir este fenómeno a una narrativa de miedo personal desde la cima del poder. Sin embargo, el análisis debe ser más fino. No estamos ante el temor de un hombre, sino ante la resistencia sistémica de una partidocracia que entiende la política como un coto cerrado.
En República Dominicana, el monopolio de los partidos sobre la representación ciudadana es uno de los muros más altos de nuestra democracia, y cada vez que se presenta la oportunidad de abrir una grieta —ya sea por vía legislativa o siguiendo el espíritu de progresividad que emana de las sentencias del Tribunal Constitucional—, la mano del poder prefiere reforzar el cemento.
El argumento oficial suele ser seductor: evitar la fragmentación, garantizar la gobernabilidad y proteger el sistema de aventureros sin estructura. Pero detrás de esa fachada de prudencia institucional se esconde una realidad más cruda.
Las candidaturas independientes representan una amenaza directa al control de calidad —y de lealtades— que ejercen las cúpulas partidarias. Abrir el juego permitiría que el descontento social, ese que hoy no se siente interpretado por los colores de siempre, encuentre canales de expresión propios. Y eso, en el cálculo electoral, es un riesgo que nadie en el sistema está dispuesto a correr.
El papel del Tribunal Constitucional en este ajedrez es crucial. Aunque el TC no emite «recomendaciones» políticas, su jurisprudencia marca un norte claro hacia la expansión de los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a elegir y ser elegido sin mediaciones asfixiantes. Ignorar esta tendencia al legislar o promulgar es, en la práctica, apostar por una democracia de baja intensidad.
¿Se está protegiendo la gobernabilidad o se está limitando la pluralidad? La respuesta parece inclinarse hacia lo segundo.
Al cerrar las puertas a lo independiente, el sistema no se hace más fuerte, solo se hace más rígido. Y la rigidez, en tiempos de cambios sociales acelerados, es la antesala de la ruptura.
El verdadero liderazgo no es aquel que sobrevive controlando quién puede competir, sino el que se somete al escrutinio en un campo de juego verdaderamente abierto.
Mientras el acceso a la boleta electoral siga siendo un privilegio administrado por los partidos, nuestra democracia seguirá siendo un club privado con derecho de admisión. El reto no es solo ganar elecciones, sino tener la estatura política para permitir que otros, sin insignias heredadas, también puedan intentarlo.
