ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- En momentos de incertidumbre económica, los gobiernos suelen recurrir a una herramienta recurrente y, a la vez, polémica: la austeridad. Presentada como un ejercicio de responsabilidad fiscal, esta política busca contener el gasto público, enviar señales de disciplina a los mercados y preservar la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, más allá de su justificación técnica, la austeridad también opera como un instrumento político cargado de significado y consecuencias.
En el caso de la República Dominicana, el anuncio de un plan de austeridad se inserta en un contexto de presiones múltiples: un entorno internacional todavía marcado por tasas de interés elevadas, una desaceleración económica global y la necesidad de mantener la confianza de los inversionistas. Bajo estas condiciones, ajustar el gasto no solo parece prudente, sino, en cierta medida, inevitable.
No obstante, la discusión de fondo no radica en si la austeridad es necesaria o no, sino en cómo se implementa y, sobre todo, a quién impacta realmente.
La experiencia latinoamericana ha demostrado que muchos planes de ajuste terminan siendo más simbólicos que estructurales: recortes en viáticos, limitaciones en gastos menores y medidas que, aunque visibles, no transforman las rigideces del gasto público. Se proyecta disciplina, pero no necesariamente se corrigen las distorsiones de fondo.
Aquí es donde entra en juego un elemento clave: la percepción de justicia. La ciudadanía no rechaza automáticamente los sacrificios cuando estos se perciben como compartidos y coherentes.
Lo que genera resistencia es la sensación de que el ajuste es selectivo, que recae sobre algunos sectores mientras otros permanecen intactos. Cuando la austeridad no toca privilegios ni revisa estructuras, pierde legitimidad y se convierte en un factor de descontento.
Desde la perspectiva de la administración pública, un plan de austeridad efectivo debería trascender lo coyuntural y apuntar a una mayor eficiencia del Estado. No se trata únicamente de gastar menos, sino de gastar mejor.
Esto implica revisar prioridades, eliminar duplicidades institucionales y fortalecer los mecanismos de transparencia. Sin estos elementos, cualquier esfuerzo de ajuste corre el riesgo de quedarse en la superficie.
En términos políticos, la austeridad también cumple una función estratégica. Permite al gobierno posicionarse como responsable ante organismos internacionales y actores económicos, al tiempo que construye una narrativa de control frente a la incertidumbre. Sin embargo, esta narrativa tiene límites: cuando no está respaldada por resultados tangibles ni por una distribución equitativa de los costos, se desgasta rápidamente.
El verdadero desafío, entonces, no es implementar austeridad, sino hacerlo con coherencia institucional. La historia reciente muestra que estas políticas no fracasan por ser impopulares, sino por carecer de consistencia, transparencia y equidad.
En ausencia de estos principios, el ajuste deja de ser una herramienta de estabilidad para convertirse en un ejercicio de administración del malestar.
En un contexto donde la confianza ciudadana es cada vez más frágil, la forma en que se gestione este plan de austeridad será tan importante como el plan mismo. Porque al final, más que números, lo que está en juego es la credibilidad del Estado y su capacidad de gobernar en medio de la presión.
