ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- En la República Dominicana de hoy, el eco de una marcha puede cambiar el rumbo de la política de Estado. La orden de «detención inmediata» emitida por el presidente Luis Abinader contra los intentos de explotación minera en San Juan de la Maguana no es un evento aislado; es el resultado de un choque de visiones sobre el futuro de nuestra nación.
Mientras cientos de ciudadanos marcharon el pasado domingo al grito de «el agua es nuestro oro», el sector empresarial, representado por el CONEP, advierte sobre el sacrificio de un «potencial minero inmenso». Estamos ante el dilema clásico del desarrollo sostenible: ¿Cómo pesar en la misma balanza la riqueza mineral y la supervivencia hídrica?
La postura del CONEP, expresada por César Dargam, apela a una realidad técnica: el subsuelo dominicano es uno de los más ricos de la región y la minería, bien gestionada, es un motor de divisas. Sin embargo, la administración pública moderna nos enseña que ningún proyecto es viable sin «licencia social».
En San Juan, el granero del sur, el agua no es solo un recurso natural; es el insumo básico de una cultura agrícola que sostiene a miles de familias. La preocupación por la contaminación de la presa de Sabaneta y la cuenca del río San Juan no es un capricho ideológico, sino un instinto de preservación ante la vulnerabilidad de nuestros acuíferos.
Para entender este temor, es obligatorio mirar hacia atrás. El caso de Pueblo Nuevo y la zona de influencia de Barrick Gold en Cotuí nos ofrece una lección de contrastes. Antes de la remediación ambiental, el río Margajita era un cauce muerto, víctima de décadas de pasivos ambientales heredados de gestiones estatales deficientes que tiñeron sus aguas de rojo y acabaron con la biodiversidad.
Si bien la minería moderna ha implementado procesos de remediación y monitoreo participativo que han mejorado la calidad del agua en comparación con el desastre histórico, el estigma de la contaminación permanece en la memoria colectiva dominicana. El «después» en Pueblo Viejo muestra que es posible recuperar lo que se dañó, pero el costo social y el tiempo invertido dejan una cicatriz que San Juan no parece estar dispuesto a lucir.
El mensaje objetivo para la población es claro: preservar el agua es preservar la vida. En un contexto de cambio climático y sequías recurrentes, el agua dulce se ha convertido en el activo más estratégico de cualquier nación.
Evitar su contaminación no es solo una responsabilidad del Gobierno o de las mineras; es un imperativo ético de cada ciudadano. La decisión de detener el proyecto en San Juan otorga un respiro para reflexionar sobre qué tipo de crecimiento queremos.
¿Estamos preparados para garantizar que una operación minera no afectará el riego de un valle entero? ¿Poseen nuestras instituciones la capacidad de supervisión permanente que la sociedad demanda?
La estabilidad macroeconómica que defendemos desde las ciencias políticas es fundamental, pero nunca debe construirse sobre la fragilidad de nuestra seguridad hídrica. La minería puede ser una aliada del progreso, siempre y cuando no hipoteque el recurso que nos permite comer y beber.
San Juan ha hablado, y su voz nos recuerda que, en la jerarquía de las necesidades humanas, el agua siempre tendrá la primera palabra. El reto del Gobierno y del sector privado es demostrar, con hechos y no solo con discursos, que el desarrollo de hoy no se convertirá en la sed del mañana.
