ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- En la era de la hiperconectividad, el Estado dominicano ha descubierto que los impuestos ya no solo se recaudan en las aduanas físicas o en los mostradores de los comercios tradicionales; ahora, la riqueza se mueve en la nube.
El anuncio de lo que constituye el cuarto intento formal del Gobierno por aplicar el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) —o su equivalente bajo la figura del Impuesto al Valor Agregado (IVA)— a las plataformas digitales, reabre un debate que toca directamente el bolsillo de la clase media y el consumo de la población general.
Tras el antecedente del decreto 30-25 emitido por el presidente Luis Abinader en enero de 2025 y los intentos plasmados en las propuestas de reforma fiscal, queda claro que el Gobierno tiene una meta fija: capturar una tajada de la economía digital.
La realidad detrás de esta medida es estrictamente recaudatoria y responde a una necesidad de incrementar los ingresos fiscales ante un presupuesto nacional presionado por los subsidios y la deuda pública. Las autoridades argumentan que no se trata de un impuesto nuevo, sino de la regularización de un tributo existente para corregir una «competencia desleal» entre las empresas locales que pagan impuestos y los gigantes tecnológicos extranjeros que operan en el país sin residencia fiscal.
El meollo de la cuestión radica en que plataformas de streaming de video y música, servicios de entrega a domicilio, transporte privado y almacenamiento de datos pasarán a ser agentes de retención.
¿A quiénes perjudica y a quiénes se les cobrará este 18%? La respuesta es tan cruda como previsible: el hilo siempre se corta por lo más delgado. Aunque la ley estipule que el impuesto grava el servicio prestado por la multinacional extranjera, la mecánica del mercado digital dicta que las corporaciones transferirán ese costo de manera íntegra al consumidor final.
Esto significa que las suscripciones mensuales de entretenimiento, los fletes de transporte digital y las aplicaciones de productividad serán un 18% más cara a partir de la implementación de la medida. Para el consumidor dominicano, que ya lidia con un malestar micro debido al alto costo de la vida, este ajuste representa un golpe directo al entretenimiento, la educación en línea y el teletrabajo.
Por otro lado, el beneficio de esta medida se concentra exclusivamente en las arcas del Estado. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) estima capturar miles de millones de pesos anuales que actualmente escapan del radar tributario.
Sin embargo, para que este beneficio sea legítimo a los ojos de la ciudadanía, el Gobierno debe demostrar que esos fondos no se diluirán en la burocracia corriente, sino que se traducirán en servicios públicos tangibles, como la mejora de la infraestructura tecnológica nacional o el alivio de otras cargas fiscales.
De cara a este nuevo escenario, el ciudadano común debe estar sumamente pendiente para evitar dolores de cabeza y cargos duplicados. Es vital revisar los términos y condiciones de las plataformas contratadas, ya que muchas realizarán el cargo de forma automática en las tarjetas de crédito o débito locales. Asimismo, se debe vigilar el comportamiento de las entidades bancarias intermediarias para asegurar que no se apliquen comisiones ocultas o dobles retenciones por transacciones internacionales.
La economía digital ha dejado de ser un terreno libre de aranceles; el algoritmo ha sido alcanzado por el tintero del recaudador, y en esta transición hacia la digitalización fiscal, el consumidor dominicano tendrá que aprender a leer la letra pequeña de sus facturas electrónicas antes de que el próximo clic le salga más caro de la cuenta.
