ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- El debate político dominicano ha sido sacudido por una propuesta que, bajo el seductor manto de la austeridad y el ahorro nacional, esconde profundas implicaciones para el equilibrio del poder en nuestra democracia.
El proyecto de ley que busca reducir en un cincuenta por ciento el financiamiento estatal a las organizaciones políticas ha monopolizado la agenda de opinión pública. A primera vista, la medida sintoniza a la perfección con el sentir de una ciudadanía fatigada por el alto costo de la vida, que ve con natural simpatía cualquier recorte al presupuesto de las cúpulas partidarias.
Sin embargo, desde la perspectiva de la ciencia política y la administración pública, es imperativo desvestir el entusiasmo populista para analizar el verdadero meollo de esta decisión: la distribución equitativa del poder en el tablero nacional.
La realidad objetiva del sistema de partidos dominicano es que no todas las estructuras compiten en igualdad de condiciones. En la coyuntura actual, el oficialismo cuenta con las ventajas inherentes al ejercicio del gobierno, una maquinaria territorial aceitada y un acceso fluido a los sectores de financiamiento privado.
Por el contrario, la oposición, encarnada principalmente por el PLD y la Fuerza del Pueblo, arrastra el desgaste propio de los ciclos políticos y depende de manera crítica de los fondos públicos garantizados por ley para sostener su operatividad, sus plataformas de comunicación y su despliegue logístico.
Aplicar un recorte de esta magnitud en este preciso momento plantea una interrogante estructural inevitable: ¿Estamos ante un genuino ejercicio de racionalización del gasto público o ante una estrategia de asfixia deliberada que busca debilitar los contrapesos democráticos?
El peligro del llamado «populismo fiscal» radica en su capacidad de debilitar la institucionalidad con el aplauso de las mayorías.
El financiamiento público a los partidos no nació como un privilegio caprichoso, sino como un mecanismo de protección democrática diseñado para dos fines esenciales: blindar la política de la influencia de capitales ilícitos y garantizar un piso mínimo de competencia frente a la fuerza del partido gobernante de turno.
Reducir estos fondos a la mitad, sin haber reformado previamente las reglas de captación de recursos privados ni fortalecido los mecanismos de fiscalización, abre una peligrosa ventana de vulnerabilidad. Una oposición sin recursos no es solo un problema para las siglas partidarias; es un síntoma de una democracia de baja intensidad, donde el debate de ideas corre el riesgo de ser monopolizado por quien posee el presupuesto más abultado.
La justificación oficial de canalizar estos ahorros hacia prioridades urgentes como la salud o la inversión en infraestructuras es un argumento válido desde el punto de vista presupuestario, pero incompleto en términos de gobernabilidad.
La estabilidad macroeconómica de la que goza el país necesita, de manera obligatoria, una estabilidad política que solo se logra cuando las minorías se sienten representadas y con capacidad real de competir. La pluralidad democrática tiene un costo operativo que las sociedades maduras deben estar dispuestas a asumir si desean evitar la concentración absoluta del poder.
El Congreso Nacional, dominado por el oficialismo, tiene ante sí una de las pruebas más sutiles de su madurez institucional. Legislar para el presente con la mirada puesta exclusivamente en el rédito político inmediato es un error de cálculo que la historia suele pasar factura.
El reto no es simplemente complacer la legítima demanda ciudadana de un gasto público más eficiente, sino garantizar que la austeridad en los papeles no se traduzca en una fragilidad sistémica en nuestras calles y en nuestros tribunales.
El verdadero debate de hoy no es cuánto dinero le ahorramos al Estado, sino qué tipo de democracia queremos preservar para el futuro: un sistema dinámico de pesos y contrapesos, o un monopolio político sostenido sobre la debilidad financiera de sus competidores.
