ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- Hoy, primero de junio de 2026, el distrito municipal de La Cuaba se encuentra en el epicentro de un conflicto socio-ambiental que trasciende sus límites geográficos para convertirse en un tema de seguridad ecológica regional.
El persistente proyecto de instalar un relleno sanitario y una planta de revalorización de desechos en esta demarcación de la provincia de Santo Domingo ha alcanzado un punto de ebullición. Mientras las presiones por resolver la crisis de la basura en el Gran Santo Domingo crecen, La Cuaba se debate entre la promesa de una infraestructura moderna y el temor fundado a convertirse en el nuevo patio de descarte de la metrópoli.
El mapa de actores en este conflicto revela un choque frontal de intereses políticos y corporativos. En la acera de los promotores se alinean empresas del sector privado de la gestión de residuos, respaldadas de forma indirecta por ministerios del Gobierno central enfocados en la urgencia de aplicar la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
Estas entidades argumentan que un relleno sanitario moderno mitigaría el colapso de vertederos tradicionales como Duquesa. En la acera opuesta, la resistencia es monolítica: la Junta Distrital de La Cuaba, organizaciones comunitarias, grupos ecologistas y la propia Iglesia católica local encabezan el rechazo, denunciando que el proyecto vulnera flagrantemente el plan de ordenamiento territorial y pone en jaque la vocación ecoturística de la zona.
El verdadero meollo de esta crisis no reside en la burocracia de los permisos, sino en el agua. La Cuaba debe estar preparada para un escenario de movilización social prolongada y de litigios en los tribunales ambientales. La comunidad se enfrenta al reto de sostener una vigilancia ciudadana implacable, pues la historia de la administración pública local demuestra que el peso del gran capital suele intentar imponerse sobre las resoluciones municipales. Los comunitarios saben que no defienden únicamente la estética de sus campos, sino la integridad de las cuencas hidrográficas que nacen en sus montañas.
La onda expansiva de una potencial contaminación en La Cuaba no se quedaría entre sus colinas; afectaría directamente a múltiples municipios y distritos colindantes. Geográficamente, la instalación de este vertedero amenaza de forma directa los acuíferos subterráneos y ríos que abastecen a comunidades vulnerables en Pedro Brand, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste y amplias zonas del Distrito Nacional que dependen del sistema de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD). La infiltración de lixiviados en el subsuelo de La Cuaba representaría una condena hídrica para miles de familias que verían comprometida la calidad de su agua potable.
La estabilidad institucional y el desarrollo del país no pueden construirse sobre la fragilidad ecológica de sus pulmones verdes. Un Estado moderno no resuelve una crisis de desechos urbanos mudando el problema a un entorno rural de alto valor ambiental.
En este junio de 2026, el debate sobre el vertedero de La Cuaba es el espejo de nuestra incapacidad para planificar con visión de futuro. La Cuaba ha alzado la voz no por capricho, sino por supervivencia, recordándole a la clase política y al sector empresarial que el verdadero progreso nunca debe oler a basura ni costar la pureza de nuestra agua.
