ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha tomado una decisión que deja un sabor agridulce en la sociedad dominicana, abriendo las puertas del juicio definitivo pero limitando el alcance del castigo penal.
En un fallo emitido la mañana de hoy, lunes 15 de junio de 2026, el juez Raymundo Mejía dictó formalmente un auto de apertura a juicio en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, por el colapso del techo que cobró la vida de 236 personas el pasado 8 de abril de 2025.
Sin embargo, el tribunal desestimó la acusación de homicidio voluntario que exigían las familias, encasillando el proceso estrictamente bajo los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, correspondientes al homicidio e infracciones involuntarias por negligencia o imprudencia.
Durante la lectura del dictamen, el magistrado declaró admisible aquellas partes querellantes que cumplieron formalmente con los escritos legales exigidos, admitiendo de igual forma los hechos y el robusto pliego de pruebas periciales y testimoniales presentadas que cumplían con las normativas procesales.
No obstante, al tipificar el expediente bajo el artículo 319, la resolución judicial impone un techo punitivo alarmantemente bajo: los imputados enfrentarán en la siguiente etapa una pena máxima de apenas tres años de prisión. Esta decisión valida técnicamente la existencia de una falta grave en el mantenimiento del establecimiento, pero reduce una catástrofe humana sin precedentes a un asunto de simple «inadvertencia» corporativa.
Para garantizar que los imputados no evadan el proceso penal ante esta baja expectativa de cárcel, el juez Raymundo Mejía ratificó las medidas de coerción vigentes, consistentes en una garantía económica de 50 millones de pesos a cada uno, impedimento de salida del país y presentación periódica los días 30 de cada mes, por considerarlas proporcionales y suficientes para asegurar su sujeción al proceso.
En el terreno financiero, el golpe judicial fue contundente: el tribunal mantuvo las órdenes de inmovilización y secuestro previamente vinculadas a los bienes de los hermanos Espaillat y, de manera crucial, acogió la solicitud de imponer un embargo retentivo de los bienes, inmuebles, activos y valores de los imputados, extendiéndose también al tercero civilmente demandado, blindando así los fondos para las futuras indemnizaciones.
El sentir del pueblo dominicano, que seguía la transmisión minuto a minuto con la expectativa de un castigo carcelario ejemplar, se ha tornado en un ambiente de profunda indignación y frustración. La percepción colectiva de que los dueños del capital logran cobijarse bajo el ala más benévola de la ley penal se ha reavivado en las afueras del tribunal y en las plataformas digitales, aunque el agresivo bloqueo de sus cuentas y propiedades trae un alivio parcial en el plano civil.
Para los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, la apertura a juicio es una victoria procesal a medias; sienten que el dolor de 236 hogares destruidos ha sido valorado por el sistema con una moneda penal devaluada de solo tres años de prisión.
Con la notificación de este fallo, el tribunal otorgó a las partes un plazo de 5 días hábiles para apelar la calificación jurídica o recurrir los aspectos procesales pertinentes ante la corte superior. Desde la óptica de las ciencias políticas y la administración pública, el caso Jet Set expone de forma cruda las severas limitaciones y el anacronismo de nuestro Código Penal para sancionar con rigor la negligencia empresarial de cuello blanco.
La República Dominicana va a un juicio de fondo, pero lo hace amarrada a un marco legal que, ante la peor tragedia civil de nuestra historia moderna, parece ofrecer un escudo de benevolencia en la cárcel para los poderosos, mientras intenta compensar el daño embargando sus chequeras.
