ELLOS OPINAN RD
SANTO DOMINGO, RD.- La reciente advertencia emitida por la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) respecto a la posibilidad de retirar de forma masiva las terminales de pago electrónico, conocidas popularmente como «verifones», plantea un escenario de profunda discusión sobre la gobernanza económica y las políticas de bancarización en la República Dominicana.
La medida, que afectaría potencialmente a las 780 estaciones de servicios afiliadas al gremio en todo el territorio nacional, obligaría a los usuarios a liquidar el costo de los hidrocarburos exclusivamente mediante el uso de dinero en efectivo. Desde la perspectiva de las ciencias políticas y el análisis de políticas públicas, resulta fundamental precisar que esta tensión no responde a la implementación de un nuevo gravamen impositivo por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), sino a un estricto conflicto comercial de carácter privado e institucional entre el sector detallista de combustibles y la banca comercial nacional por el control y la distribución de los márgenes de rentabilidad operativa.
La raíz técnica de esta disputa subyace en la asimetría existente entre los costos fijos regulados por el Estado y las tasas de intermediación del sistema financiero. De acuerdo con las declaraciones oficiales de la directiva de Anadegas, encabezada por su presidente Juan Elías Pérez, las estaciones de expendio operan bajo un esquema de utilidad regulada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el cual les asigna un margen bruto fijo que ronda los 25 pesos por cada galón de combustible vendido.
Frente a este ingreso estático, el costo de procesamiento por el uso de tarjetas de crédito o débito impuesto por las entidades adquirentes y los bancos comerciales representa un descuento promedio de 7 pesos por galón. En términos analíticos, esta ecuación implica que el sector financiero absorbe aproximadamente el 27 % de la ganancia bruta de los detallistas de combustibles únicamente por la mediación tecnológica de la transacción, una proporción que los empresarios del sector califican como insostenible para la viabilidad de sus operaciones comerciales de mediano plazo.
Esta insatisfacción comercial ya ha transitado por los canales institucionales de la administración pública sin lograr una resolución definitiva. Ante el estancamiento de los márgenes de beneficio, el gremio detallista elevó formalmente su reclamo ante el Poder Ejecutivo, lo que motivó que la presidencia de la República refiriera el conflicto a las autoridades financieras del Banco de Reservas para la articulación de una comisión técnica multisectorial.
El propósito de este espacio de diálogo consistía en evaluar la viabilidad de una reducción escalonada en las tasas de adquirencia aplicadas exclusivamente al sector de los hidrocarburos; sin embargo, las estaciones de servicio reportan que las mesas de negociación concluyeron sin alcanzar un consenso vinculante, lo que catalizó la actual postura de fuerza adoptada por los empresarios como un mecanismo de presión hacia el ecosistema financiero corporativo.
Más allá del debate meramente transaccional, la ejecución de un retiro masivo de los sistemas de pago digital introduce externalidades negativas severas sobre la seguridad ciudadana y la modernización de los servicios públicos en el país. En un contexto donde los precios oficiales sitúan la gasolina premium en 341.10 pesos y la regular en 310.50 pesos por galón, obligar a la población a movilizar altas sumas de dinero en efectivo para el abastecimiento vehicular representa un claro retroceso en los índices de inclusión financiera.
Asimismo, el incremento del flujo de circulante físico en las 780 estaciones de servicio elevaría exponencialmente el nivel de vulnerabilidad de estos espacios ante la delincuencia común, afectando de forma directa tanto la integridad de los clientes como la de los trabajadores de pista. El éxito de la política económica del Estado dependerá, por tanto, de su capacidad para mediar en este conflicto intersectorial, garantizando que las legítimas demandas de rentabilidad empresarial no terminen por erosionar la seguridad urbana y la eficiencia digital que la sociedad dominicana demanda en su cotidianidad.
