ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- El diseño institucional de la administración pública moderna en la República Dominicana se enfrenta al reto constante de superar los vestigios del centralismo histórico para transitar definitivamente hacia un modelo de gobernanza multinivel y desarrollo territorial equilibrado.
En este escenario, las intervenciones que ejecuta el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Luis Abinader en materia de reestructuración urbana, modernización vial, saneamiento pluvial y asistencia social comunitaria a través de entidades gubernamentales como el Ministerio de Obras Públicas, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) y el programa Supérate, no pueden ser analizadas bajo una óptica analítica unidimensional.
Desde la perspectiva de las ciencias políticas y el derecho municipal, el éxito de estas ejecutorias estatales no responde a una acción unilateral y aislada del gobierno central, sino que se fundamenta en una relación de interdependencia y corresponsabilidad con los gobiernos locales. Minimizar o invisibilizar el rol de las alcaldías en la narrativa de las obras públicas constituye un sesgo conceptual que no solo resulta injusto con la labor de los alcaldes y regidores, sino que desvirtúa el espíritu de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la cual consagra a los ayuntamientos como los gestores directos del bienestar de sus respectivas demarcaciones.
La articulación entre ambas esferas del poder público opera bajo una lógica de complementariedad técnica y presupuestaria donde cada actor resulta indispensable para la viabilidad del proyecto. Mientras el gobierno central posee la capacidad macroeconómica, el acceso a grandes líneas de financiamiento institucional y la infraestructura técnica pesada, las alcaldías detentan el activo más valioso de la planificación territorial: el conocimiento empírico e inmediato del terreno y las demandas vivas de las comunidades.
Invisibilizar la labor del alcalde en la canalización inicial de una obra, en el diseño de los levantamientos comunitarios y en la concertación con las juntas de vecinos equivale a obviar el motor primario de la descentralización. Los ayuntamientos funcionan en la práctica como el gobierno de proximidad, la primera ventanilla institucional que toca el ciudadano de a pie, convirtiéndose los ediles en los fiscalizadores naturales y vigilantes diarios del avance físico de las obras, coordinando variables logísticas tan críticas como los desvíos de tránsito locales, la gestión de los desechos circundantes y los indispensables permisos de uso de suelo que habilitan legalmente las operaciones de los ministerios sectoriales.
Promover un centralismo comunicacional que despoje de protagonismo a los liderazgos municipales para transferir de forma exclusiva los méritos de las obras a la cúpula del Estado central acarrea serias repercusiones de desafección democrática. Cuando la ciudadanía percibe erróneamente que los gobiernos locales carecen de utilidad operativa y que las soluciones a las problemáticas comunitarias dependen exclusivamente de una directriz presidencial o ministerial, se erosiona de forma directa la confianza en la institucionalidad municipal de base, afectando la legitimidad de las alcaldías sin distinción de banderas partidarias.
El desarrollo sostenible de la República Dominicana demanda una madurez de los liderazgos que reconozca que la gestión pública contemporánea es, ante todo, un trabajo en equipo continuo. Reconocer de manera objetiva el rol canalizador y cogestor de los ayuntamientos no debilita la figura del presidente de la República; por el contrario, robustece su rol de estadista al demostrar que la inversión pública se ejecuta respetando la autonomía municipal y la dignidad de las autoridades locales.
El verdadero progreso del territorio se consolida cuando la narrativa pública refleja con transparencia el esfuerzo compartido, posicionando a los ministerios como los brazos financieros y tecnológicos del Estado, y a las alcaldías como los directores y guardianes de la transformación real de sus propios barrios.
