ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- El debate sobre la movilidad urbana y el congestionamiento vial en la República Dominicana ha dejado de ser una simple queja cotidiana para convertirse en un problema estructural que exige un análisis técnico urgente. Las discusiones recientes en el marco del foro RD Debate 2026 han puesto sobre la mesa una realidad innegable: el colapso del tránsito en el Gran Santo Domingo es el resultado combinado de la conducta de los conductores, fallas en la planificación del Estado y una profunda dispersión de responsabilidades entre los organismos oficiales.
Factualmente, la concentración de los desplazamientos hacia el Distrito Nacional por motivos laborales y de estudio satura las vías de acceso en horarios específicos, un fenómeno de centralización demográfica que las autoridades de movilidad sostenible del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) reconocen como causa principal del congestionamiento.
Frente a esto, legisladores y regidores de diversas bancadas políticas coinciden en que la solución no radica en que las instituciones responsables continúen atribuyéndose mutuamente las culpas, sino en la urgencia de abandonar la inercia burocrática y establecer una mesa técnica con un solo criterio de autoridad.
El entramado actual distribuye competencias de manera difusa entre el Intrant, el Ministerio de Obras Públicas, el fideicomiso RD Vial y las alcaldías, lo que duplica funciones e impide una ejecución efectiva de las normativas de la Ley No. 63-17. Esta falta de coherencia institucional ha llevado a expertos del sector vial a plantear la necesidad de unificar todos los recursos y atribuciones bajo un solo Ministerio de Transporte.
Por otro lado, los gremios choferiles defienden su rol argumentando que factores externos, como las dinámicas del mercado de los combustibles, inciden directamente en los costos operativos del sistema, rechazando que se señale al transporte público de pasajeros como el único causante del caos. Sin embargo, el punto más crítico del diagnóstico recae sobre el crecimiento descontrolado del parque vehicular de dos ruedas.
Datos oficiales revelan una alarmante asimetría institucional: de un parque estimado en 3.8 millones de motocicletas que circulan en el territorio nacional, apenas 44,000 conductores cuentan con una licencia oficial de conducir. Esta desconexión de datos no solo representa un severo problema de seguridad vial, donde los usuarios de motocicletas protagonizan la mayoría de los accidentes fatales, sino que impacta de forma directa los índices de criminalidad.
Analistas del sector advierten que la presunta vinculación de estos vehículos con una alta tasa de hechos delictivos hace impostergable la aplicación estricta de la ley. Lograr que los motociclistas cumplan de manera uniforme con los mismos requisitos documentales que cualquier conductor, incluyendo el uso obligatorio del casco protector con su debida rotulación y placa visible, es un mandato legal que no puede seguir postergándose por conveniencias gremiales.
El valor de transparentar estas debilidades no busca criminalizar a un sector que utiliza la motocicleta como medio legítimo de sustento, sino evidenciar que el ordenamiento de las vías públicas depende de una fiscalización continua y equitativa. La transformación de la movilidad vial dominicana requiere que los diagnósticos institucionales dejen de ser insumos de debate mediático y se traduzcan en políticas públicas integrales, garantizando que el rigor técnico de las autoridades devuelva la seguridad y la fluidez a las calles de la nación.
