ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.– La pérdida sistemática de vidas jóvenes en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad del Estado en la República Dominicana plantea una profunda interrogante sociopolítica que obliga a analizar las trayectorias individuales más allá del parte policial. La realidad fáctica del ecosistema delictivo contemporáneo demuestra que la figura del denominado antisocial no se genera de forma espontánea, sino que responde a un proceso multicausal de vulnerabilidad social, abandono familiar y debilidades en la estructura de educación y retención escolar pública.
Las investigaciones sobre marginalidad urbana y delincuencia juvenil en la región del Caribe evidencian que los primeros eslabones de la deserción comienzan en hogares con marcadas disfunciones afectivas y económicas, donde la ausencia de pautas de crianza rigurosas y la falta de supervisión parental dejan el espacio libre para el reclutamiento por parte de redes criminales barriales.
El joven que termina tipificado en las estadísticas de interdicción suele iniciar su desvinculación del sistema formal a temprana edad, transitando desde el ausentismo en las aulas hacia la adopción de conductas de calle, donde los grupos de pares informales sustituyen la autoridad del hogar y de la escuela, dotándolos de un lenguaje simbólico de confrontación y desensibilización humana antes de alcanzar la mayoría de edad.
Ante esta realidad fáctica, el rigor del análisis obliga a estructurar un llamado de conciencia bidireccional que involucre de forma corresponsable tanto al núcleo familiar como a los estamentos del Estado encargados de la formación ciudadana. En el ámbito del hogar, la responsabilidad de los padres constituye la primera barrera de contención; la normalización de la violencia doméstica, la permisividad ante ingresos de procedencia dudosa y la desatención de las alertas de deserción escolar temprana desmantelan la base formativa elemental, convirtiendo el entorno familiar en un catalizador pasivo de la marginalidad.
Paralelamente, el Ministerio de Educación (Minerd) y el sistema preuniversitario enfrentan el reto impostergable de trascender el rol de simple receptor académico para transformarse en un espacio de retención integral y diagnóstico psicopedagógico oportuno.
La persistencia de aulas con currículos rígidos y la ausencia de programas masivos de salud mental escolar impiden detectar a tiempo las conductas disruptivas y los entornos de riesgo que arrastran a los estudiantes hacia la deserción. Por consiguiente, el valor analítico de esta crónica institucional no radica en la exculpación de las responsabilidades penales individuales, sino en transparentar que el control del orden público es una medida de contingencia que actúa cuando los sistemas de prevención primaria ya han fracasado.
El fortalecimiento de una cultura democrática y pacífica requiere que los recursos fiscales destinados a la seguridad ciudadana se equilibren de forma transparente con un control normativo estricto en los centros escolares, garantizando que el aula actúe como el principal escudo protector del talento joven dominicano y bloquee el circuito que transforma la vulnerabilidad social en una fatal hoja de ruta delictiva.
