ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- El pulso político en la República Dominicana se encuentra condicionado por las dinámicas internas de la organización oficialista y el comportamiento estratégico de los servidores públicos de alta dirección. El análisis metodológico de la administración del Estado evidencia una disonancia medible entre las directrices institucionales emitidas por el presidente Luis Abinader y la celeridad operativa de algunos funcionarios, quienes parecen desatender los exhortos de prudencia del Poder Ejecutivo para priorizar el posicionamiento de proyectos políticos con miras al certamen electoral de 2028.
Factualmente, la reiteración categórica del mandatario de que no optará por una nueva postulación presidencial ha sido interpretada por diversos sectores del gabinete como la apertura anticipada de una carrera sucesoral, provocando que determinados incumbentes se aíslen parcialmente de las complejas responsabilidades inherentes a sus carteras estatales para integrarse de forma fáctica en estructuras de precampaña o de apoyo a terceros aspirantes.
Esta dispersión de esfuerzos técnicos debilita la operatividad de las instituciones públicas y afecta la percepción ciudadana sobre el rendimiento de los ministerios, restando vigor a la ejecución de las políticas sociales y de infraestructura en las provincias en momentos en que la estabilidad macroeconómica regional demanda una debida diligencia absoluta.
Esta fragmentación se manifiesta de manera paralela en la acentuación de las tensiones mediáticas que desafían el reciente llamado formal del jefe de Estado a preservar la unidad doctrinal dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM). La difusión en medios de prensa de declaraciones despectivas y descalificaciones técnicas vertidas por servidores públicos contra precandidatos presidenciales que no figuran en sus simpatías corporativas expone un quiebre en las pautas éticas de cortesía y decoro que deben regir a quienes administran los bienes comunes del país.
Desde la perspectiva de la gobernanza democrática y la prospectiva política, la insistencia en articular campañas de descrédito interno no solo erosiona la credibilidad de los emisores, sino que ensancha de forma fáctica las brechas que la oposición política —encabezada por estructuras de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana— capitaliza para aumentar sus adeptos y perfilar un escenario de alta competitividad donde el oficialismo podría enfrentar un desplazamiento del poder si se consolida la apatía electoral en las bases descontentas.
Por consiguiente, el valor de este diagnóstico transparente radica en rescatar la candidez analítica para advertir que el ejercicio de la función pública exige una separación estricta entre la legítima aspiración partidaria y la sagrada responsabilidad del cargo estatal. El principio de continuidad del Estado y la sujeción a la legalidad normada prohíben que los recursos fiscales o las plataformas de visibilidad institucional sean instrumentalizados para menoscabar a compañeros de organización, una práctica que ignora las leyes de la física política sobre la necesidad de concertación posterior, dado el riesgo inherente de verse obligados a limpiar el camino que previamente se ha pretendido ensuciar.
La consolidación de una cultura democrática inclusiva y previsible en la región del Caribe requiere que el diseño de las políticas públicas recupere el centro de la agenda gubernamental, garantizando de forma transparente a través de los portales de datos abiertos que los funcionarios públicos vuelvan a concentrar sus capacidades gerenciales en el servicio al ciudadano de a pie, protegiendo el orden institucional y el bienestar de la nación por encima de las conveniencias coyunturales del liderazgo fraccional.
