ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- La reciente crisis financiera y política desatada en Paraguay tras la intervención de una entidad bancaria que custodiaba cuantiosos recursos previsionales ha generado legítimas interrogantes entre los trabajadores de toda América Latina sobre la seguridad de sus ahorros para el retiro.
Ante este escenario regional, resulta indispensable ofrecer a la ciudadanía dominicana una orientación técnica, objetiva y sosegada que permita distinguir entre las vulnerabilidades de modelos externos y los candados institucionales que rigen en la República Dominicana.
El análisis comparado de los sistemas de seguridad social demuestra que el colapso observado en Asunción respondió a un diseño de reparto público con altos niveles de concentración discrecional en un solo banco comercial privado, una arquitectura radicalmente distinta al esquema de capitalización individual y supervisión colegiada establecido en el ordenamiento jurídico dominicano.
En la República Dominicana, la Ley núm. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social consagra un principio fundamental de protección patrimonial: los fondos de pensiones constituyen un patrimonio autónomo, exclusivo e inembargable de los trabajadores, totalmente separado de la contabilidad y del capital operativo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
En términos prácticos y legales, esto significa que el patrimonio previsional no forma parte de los activos propios de las administradoras; ante cualquier eventualidad financiera de una entidad gestora, los recursos de los afiliados permanecen intactos y bajo tutela regulatoria para ser transferidos sin menoscabo a otra administradora.
Adicionalmente, la colocación de estos capitales no queda al arbitrio unilateral de ninguna empresa privada, sino que está sujeta a la aprobación previa de la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión (CCRLI), un órgano técnico integrado por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y representantes de los sectores laboral y empleador.
Esta estructura de contrapesos exige que cualquier institución bancaria nacional que aspire a captar recursos de los fondos de pensiones cumpla con estrictas certificaciones de solvencia y topes máximos de diversificación por emisor, evitando así que la insolvencia de una entidad financiera particular pueda comprometer el ahorro nacional.
Sin embargo, el rigor metodológico exige también observar con transparencia dónde residen los verdaderos desafíos del sistema dominicano. De acuerdo con los boletines estadísticos oficiales publicados por la SIPEN en el presente año, aproximadamente el 64.3 % de la cartera total de los fondos de pensiones se encuentra invertido en instrumentos de deuda emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central.
Aunque estos títulos soberanos cuentan con el respaldo institucional del Estado dominicano y mantienen calificaciones locales de grado de inversión, esta alta concentración vincula el rendimiento futuro de las pensiones con la disciplina fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública del país.
En definitiva, los trabajadores dominicanos cuentan hoy con un marco normativo e institucional que protege eficientemente sus ahorros frente a crisis bancarias aisladas como la ocurrida en el Cono Sur, por lo que no existen fundamentos técnicos para la alarma ciudadana.
La verdadera tarea pendiente para los hacedores de políticas públicas y los entes reguladores radica en continuar profundizando la transparencia informativa, vigilar el equilibrio fiscal del Estado y promover la diversificación gradual de las inversiones hacia proyectos productivos de largo plazo que fortalezcan la economía real sin sacrificar la seguridad del patrimonio previsional.
