ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- La coyuntura económica internacional, marcada por choques energéticos globales y tensiones geopolíticas persistentes, plantea un escenario de cautela ineludible para la economía de los hogares dominicanos.
Ante la volatilidad en los mercados de materias primas y el encarecimiento de las cadenas de suministro, el consejo tradicional de «guardar pan para mayo» adquiere hoy una relevancia técnica irrefutable: la planificación financiera familiar, la priorización del gasto esencial y la constitución de reservas de liquidez e insumos básicos constituyen herramientas prudentes de resiliencia doméstica.
Si bien los informes de política monetaria del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) registran una inflación interanual que ha oscilado ligeramente por encima del 5.1 %, manteniéndose cerca del límite superior del rango meta establecido por las autoridades, la percepción cotidiana del consumidor refleja una erosión sostenida del poder adquisitivo frente a bienes inelásticos como los alimentos, los servicios y la movilidad.
Esta brecha entre la estabilidad macroeconómica de los promedios estadísticos y la presión real sobre el presupuesto familiar exige un debate serio sobre el ordenamiento fiscal y la calidad del gasto público. En un contexto donde la ciudadanía ha absorbido recientes ajustes administrativos —como las actualizaciones en las tarifas de renovación del marbete vehicular fijadas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)— y donde el impacto de la Ley núm. 30-26 continúa reconfigurando la estructura tributaria del país, resulta comprensible el rechazo social ante la posibilidad de nuevas cargas sobre el consumo.
A este panorama se suman las recientes advertencias formuladas por la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), cuya directiva ha planteado públicamente que el costo operativo real del pasaje urbano ascendería a los 95 pesos de eliminarse las compensaciones fiscales a los combustibles.
Aunque la tarifa oficial vigente se mantiene en 35 pesos bajo los acuerdos regulatorios actuales, el solo anuncio de un eventual traslado de costos al usuario evidencia la fragilidad del equilibrio socioeconómico de los sectores asalariados.
Frente a estas presiones, el Estado dominicano no puede limitarse a atribuir las dificultades económicas exclusivamente a factores exógenos o conflictos internacionales. Si bien el entorno global impone restricciones reales, un país con una sólida vocación agropecuaria y capacidad productiva instalada requiere políticas públicas innovadoras orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria, optimizar la eficiencia del gasto corriente y evitar cualquier incremento impositivo que contraiga aún más la capacidad de ahorro de la clase media y trabajadora.
La verdadera gobernanza democrática demanda convocar un espacio de concertación nacional amplio y transparente —integrado por el Poder Ejecutivo, el sector empresarial, los gremios laborales y los representantes del transporte— para revisar de manera integral la política salarial, racionalizar los subsidios estatales y garantizar que el peso de la estabilidad macroeconómica no recaiga de forma desproporcionada sobre los ciudadanos que sostienen la economía diaria.
