ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- La entrada en vigencia de los plazos legales para la adopción de la facturación electrónica en la República Dominicana ha generado un intenso debate público que involucra directamente al tejido comercial más cercano a la ciudadanía: los colmados, detallistas y pequeños negocios de barrio.
Regida por la Ley núm. 32-23 de Facturación Electrónica y su reglamento de aplicación, el Decreto núm. 587-24, esta reforma institucional tiene como objetivo principal sustituir los comprobantes fiscales tradicionales en papel por documentos digitales denominados Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF), los cuales se emiten y validan en tiempo real ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Desde una perspectiva estrictamente técnica y de gobernanza fiscal, el sistema no crea nuevos impuestos ni altera las tasas tributarias vigentes, sino que constituye una herramienta de trazabilidad contable diseñada para reducir la evasión, agilizar las declaraciones impositivas, eliminar el costo de impresión y almacenamiento físico de facturas y fortalecer la transparencia en las operaciones económicas del país.
Sin embargo, el tránsito hacia la digitalización tributaria ha puesto de manifiesto una brecha operativa significativa entre el diseño normativo y la realidad cotidiana del comercio detallista.
Diversas asociaciones de colmaderos y pequeños comerciantes han expresado públicamente su inconformidad ante la exigencia de emitir un comprobante electrónico individual por cada transacción de venta, argumentando que la dinámica de un establecimiento de barrio —caracterizada por cientos de despachos diarios de bajo monto en horarios de alta afluencia— dificulta la operatividad inmediata si no se dispone de equipos informáticos adecuados, conectividad estable y capacitación técnica.
A esta preocupación se sumó el impacto comunicacional generado tras el vencimiento de la prórroga ordinaria el pasado 15 de noviembre, cuando el director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia Sangiovanni, explicó que la normativa legal impedía conceder una extensión general automática, aunque garantizó expresamente que no se aplicarían multas ni cierres de establecimientos y que la plataforma continuaría abierta para acompañar a los cerca de 130,000 contribuyentes aún pendientes de registro.
Posteriormente, atendiendo al diálogo con los sectores productivos y por instrucciones del Poder Ejecutivo, la propia DGII anunció la apertura de un nuevo plazo de extensión para los micros y pequeños contribuyentes, cuyos criterios definitivos serán comunicados antes del 30 de noviembre.
Para orientar con responsabilidad y rigor jurídico a los comerciantes y a la ciudadanía, resulta indispensable precisar a quiénes alcanza realmente esta obligación y de qué manera el ordenamiento tributario resguarda a los negocios de subsistencia. La obligatoriedad plena de emitir comprobantes fiscales electrónicos recae sobre los contribuyentes formalizados que realizan operaciones comerciales gravadas y requieren emitir facturas con valor fiscal o de consumo dentro del régimen ordinario.
Por el contrario, los pequeños puestos de venta informal o ventorrillos de subsistencia que operan fuera de la estructura societaria y comercial formal, así como los contribuyentes debidamente acogidos al Régimen Simplificado de Tributación (RST) —diseñado precisamente para micro y pequeños comerciantes con ingresos anuales limitados—, cuentan con tratamientos diferenciados y excepciones expresamente previstas en la reglamentación vigente para evitar cargas administrativas desproporcionadas. Asimismo, para los pequeños negocios que sí deben integrarse al sistema, la administración tributaria dispone de un facturador gratuito en línea y contempla incentivos fiscales destinados a amortizar la inversión inicial en tecnología.
En definitiva, el éxito de toda política pública fiscal radica en su capacidad para armonizar la modernización del Estado con la viabilidad económica de quienes sostienen el comercio diario. La facturación electrónica representa un avance institucional necesario para consolidar la formalidad y la equidad tributaria en la República Dominicana, pero su implementación exige gradualidad, pedagogía financiera y soluciones tecnológicas adaptadas al tamaño real de cada unidad productiva.
Mantener canales abiertos de concertación entre la administración tributaria y el sector detallista permitirá asegurar que la transformación digital fortalezca la recaudación y la transparencia sin comprometer la supervivencia de los pequeños comercios que dinamizan la economía de nuestras comunidades.









