ELLOS OPINAN RD
Por: Esteban Cabrera
SANTO DOMINGO, RD.- La Embajada de los Estados Unidos en el país publicó recientemente su “Informe sobre Derechos Humanos de la República Dominicana 2021”. En la Sección 2., sobre Respeto de las libertades civiles, cuyo inciso (a) se refiere a la Libertad de expresión, incluida la de los miembros de la prensa y los medios de comunicación.
Dicho reporte establece que el gobierno del presidente Luis Abinader respeta lo estipulado en la Constitución dominicana sobre la libertad de expresión, incluida la de los miembros de la prensa y otros medios de comunicación. “Aclara que los medios de comunicación expresan una gran variedad de opiniones, no obstante, acusa al gobierno del PRM de influir repetidamente en la prensa, en parte a través de sus grandes presupuestos de publicidad. La concentración de la propiedad de los medios, las deficiencias del poder judicial y la influencia política también limitaron la independencia de los medios”.
Sobre la Libertad de expresión, el informe agrega que: “En general, las personas y los grupos fueron capaces de criticar al gobierno en público y en privado sin represalias, aunque se produjeron incidentes en los que las autoridades intimidaron a miembros de la prensa”
En marzo, en medio de un debate público sobre un proyecto de ley que permitía el aborto en circunstancias específicas, el Ministerio Público, en nombre del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONANI), notificó a Katherine Motyka, fundadora y directora de Jompeame (una fundación de crowdfunding), que debía retirar todas las imágenes en las que aparecieran niños y adolescentes de sus plataformas de redes sociales o se enfrentaría a cargos legales. Esto fue a pesar de que Motyka afirmó que todas las imágenes se publicaron con el pleno consentimiento de los padres y que la mayoría de las identidades de los niños no se revelaron en las publicaciones. El Ministerio Público hizo la petición después de que Jompeame publicara el caso de una niña de 12 años que sufrió abusos sexuales y quedó embarazada a consecuencia de la violación. Grupos de la sociedad civil alegaron que la directiva estaba motivada por el deseo político de influir en el debate público y limitar el aborto en todo tipo de casos. Ese mismo mes, el CONANI informó que Jompeame cumplió con la solicitud del Ministerio Público y retiró de su plataforma un video que, según un comunicado del Ministerio Público, “violaba el derecho a la imagen y a la integridad” de una joven que fue víctima de un grave delito”.
Censura o restricciones de contenido:
“Los periodistas practicaron la autocensura, sobre todo cuando la cobertura podría afectar negativamente a los intereses económicos o políticos de los propietarios de los medios. Los observadores sugieren que el gobierno influyó en la prensa a través de los contratos de publicidad. En julio de 2020, la dirección de comunicaciones del gobierno publicó informes de gastos en publicidad que sumaban más de 1.050 millones de pesos (18,5 millones de dólares) en ocho años”, expresa textualmente el Informe de la Embajada Norteamericana en RD.
Crítica severamente y denuncia las leyes dominicanas sobre la difamación/injuria (Sale a relucir caso de Ángel Martínez)
“La ley penaliza la difamación y la injuria, con penas más severas para las ofensas cometidas contra figuras públicas o estatales que para las ofensas contra particulares. La ley penaliza la injuria por declaraciones relacionadas con la vida privada de determinadas figuras públicas, incluidos funcionarios del gobierno y jefes de estado extranjeros”, establece dicho informe, para luego poner un ejemplo sobre un diputado oficialista: “El 10 de febrero, el diputado oficialista Sergio “Gory” Moya presentó una demanda contra el investigador privado Ángel Martínez, con sede en Miami, por supuesta difamación e injuria. En agosto, un juez emitió una orden de arresto contra Martínez, basándose en las acusaciones de que Martínez había violado la ley de delitos de alta tecnología. Moya solicitó que el tribunal condenara a Martínez a un año de prisión y le obligara a pagar 10 millones de pesos (177.000 dólares) por daños y perjuicios.
El Informe no encontró problemas con la Libertad en Internet:
“El gobierno no restringió ni interrumpió el acceso a Internet ni censuró los contenidos en línea. A diferencia de 2020, no hubo informes creíbles de que el gobierno vigilara las comunicaciones privadas en línea sin la debida autorización legal”, estipula textualmente el informe.
Reporta abusos y vulneración a la Libertad de asociación pacífica:
El 20 de abril, la noche antes de que comenzara el debate sobre una nueva ley sobre el aborto, la policía retiró y destruyó por la fuerza las tiendas de campaña de activistas por los derechos de las mujeres que acampaban frente al palacio presidencial para sensibilizar sobre la despenalización del aborto. Los agentes de policía argumentaron que habían retirado las tiendas porque el grupo estaba infringiendo las restricciones del toque de queda de la COVID-19, que se había atenuado el 17 de abril. Los activistas por los derechos de las mujeres afirmaron que la policía actuó por motivaciones políticas para reprimir la expresión sobre un tema polémico, ya que los activistas llevaban varios días acampando allí sin interferencias y cuando las restricciones eran más estrictas. Varios legisladores intervinieron a favor de las activistas para defender su derecho de asociación pacífica”.
