ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- Para el militante de a pie, el fin de semana representa un breve refugio; es el tiempo de la familia y el descanso tras las jornadas en los barrios, alimentadas por la esperanza de que el «cambio» prometido sea una estructura irreversible. Sin embargo, para muchos dominicanos, el café del lunes ha comenzado a tener un gusto amargo. El despertar de cada inicio de semana se ha convertido en un ejercicio de ansiedad: abrir los diarios y encontrar, en letras de molde, señalamientos contra funcionarios cuyas acciones distan drásticamente de la ética y la transparencia que sirvieron de bandera electoral.
Estamos ante una dicotomía dolorosa. Mientras miles de servidores públicos y miembros de la base trabajan de sol a sol —a menudo con recursos limitados y bajo el escrutinio de una sociedad sedienta de resultados—, una minoría en posiciones de poder parece haber extraviado el guion ético del Gobierno. Las noticias sobre contratos cuestionables, nepotismo o ejecuciones presupuestarias atípicas no solo empañan la gestión presidencial; lo que es más grave, anulan el sacrificio de quienes ejercen su labor con honestidad. Es una bofetada al «compañero» que defiende la gestión en la esquina o en la oficina pública, para luego descubrir que un superior ha hipotecado la reputación institucional por un beneficio personal.
¿Por qué optar por la irregularidad después de transitar el largo camino de la oposición? La respuesta inmediata suele ser la soberbia o esa peligrosa sensación de impunidad que otorga el cargo. No obstante, el problema es más profundo: persiste una cultura política que confunde el servicio público con un «botín de guerra». Al incurrir en la ilegalidad, el funcionario no solo traiciona la ley, sino la mística de su propio partido. Cada expediente que llega a las instancias judiciales es un recordatorio de que el poder, sin una brújula moral, es el camino más corto hacia el descrédito.
El daño colateral más injusto es el desprestigio de lo bueno. En su deber de fiscalizar, la prensa proyecta realidades que la percepción pública generaliza bajo la premisa de que «todos son iguales». Esto constituye una injusticia flagrante para el director que ha saneado sus cuentas y para el empleado que atiende con decoro al ciudadano. La transparencia no puede ser un eslogan de campaña para guardar en un cajón los fines de semana; debe ser el aire que se respira de lunes a viernes.
El país no espera perfección, pero sí exige coherencia. En un gobierno que hizo de la honestidad su estandarte, la ilegalidad no es solo un delito, es un suicidio político y moral. Aquellos que hoy empañan el trabajo de los honestos deben entender que su tiempo es prestado y que la factura, tarde o temprano, la cobrará el pueblo en las urnas y la justicia en los tribunales. Que el próximo lunes sea, por fin, el de las noticias de progreso y no el de las explicaciones ante un juez.
