ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- La pérdida de vidas en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad del Estado reabre un debate ético y metodológico sumamente complejo en la República Dominicana, situando a la opinión pública en una encrucijada entre la demanda de justicia para las víctimas y el análisis de los factores que destruyen el tejido social. Evaluar los hechos recientes reportados por la Policía Nacional exige una mirada que trascienda la inmediatez de la noticia y se enfoque en el rigor factual de la demografía delictiva del país.
Los datos estadísticos consolidados por el Observatorio de Seguridad Ciudadana y el Ministerio de Interior y Policía revelan un patrón alarmante: la mayoría de los individuos tipificados como antisociales o caídos en intervenciones policiales son jóvenes cuyas edades oscilan apenas entre los 14 y 26 años. Esta realidad fáctica pone de manifiesto una dualidad trágica donde las familias de quienes fallecen en estos intercambios experimentan el luto por una vida truncada, mientras que, de manera simultánea, numerosas familias dominicanas sobrellevan el trauma físico, psicológico y patrimonial de haber sido víctimas de asaltos y agresiones por parte de estos mismos individuos.
Este escenario expone las profundas grietas en los mecanismos de prevención temprana y la vulnerabilidad de una juventud que es reclutada a edades marginales por redes delictivas organizadas. El proceso de desensibilización humana que sufren estos menores los dota de una capacidad de daño que muchas veces supera sus propios años de vida, dejándolos expuestos a desenlaces fatales al momento de confrontar a trabajadores, madres de familia o agentes del orden en la vía pública.
Los análisis institucionales confirman que el endurecimiento de las medidas coercitivas o la letalidad en los operativos de interdicción actúan como respuestas coyunturales, pero no resuelven la raíz del problema si no van acompañadas de una profunda autoevaluación como sociedad, padres y estructuras de gobierno. La mitigación sostenible de la criminalidad juvenil requiere que los recursos fiscales destinados a la seguridad se equilibren de forma transparente con inversiones en salud mental comunitaria, educación técnica obligatoria y programas de intervención familiar en los barrios vulnerables.
Por consiguiente, el valor de este diagnóstico transparente radica en comprender que ambas vertientes de la tragedia se alimentan del mismo vacío normativo e institucional. Garantizar la tranquilidad ciudadana en el entorno caribeño depende de la aplicación estricta de la ley y el control del orden público, pero también de la capacidad del Estado y las comunidades de ofrecer alternativas de desarrollo viables que impidan que los jóvenes sigan viendo en el circuito de la delincuencia su única y fatal hoja de ruta.
