ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- El Poder Legislativo de la República Dominicana asiste en el tramo final del presente ciclo legislativo a una intensa controversia técnica y política a raíz del avance en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que busca modificar de manera estructural la regulación, fiscalización y operación de los juegos de azar, casinos y bancas de apuestas en todo el territorio nacional.
La celeridad con la que sectores del Congreso Nacional impulsan el conocimiento de esta pieza legislativa, lo que en el debate público y de la sociedad civil ha sido calificado como un intento de aprobación a vapor, enciende las alarmas sobre los mecanismos de control estatal en un renglón económico de altísima sensibilidad social.
La actualización de un marco normativo para los juegos de azar es una necesidad estatal impostergable; sin embargo, el apresuramiento en el conocimiento de una ley de esta envergadura genera interrogantes analíticas razonables sobre si la prisa responde a un diseño estratégico de ordenamiento fiscal o si persigue complacer las presiones coyunturales de grupos corporativos de interés en un momento donde las cámaras legislativas operan bajo una agenda de alta presión por las recientes reformas fiscales.
El núcleo técnico de la pieza de ley en debate plantea una reconfiguración de las distancias mínimas permitidas para la instalación de nuevos establecimientos y una flexibilización en los esquemas de licenciamiento para plataformas de apuestas digitales y presenciales.
Quienes defienden la pertinencia y la urgencia de la aprobación argumentan que la ley es un complemento necesario para la aplicación efectiva de la Ley 30-26, ya que busca dotar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de herramientas modernas de fiscalización digital para captar de forma veraz el aumento mensual selectivo a la tributación de las bancas de lotería y deportivas que fue indexado recientemente.
No obstante, los analistas de políticas públicas señalan que la flexibilización de los requisitos de zonificación y el otorgamiento de nuevas licencias benefician de manera directa a los grandes consorcios y federaciones de bancas de apuestas, los cuales han ejercido un histórico cabildeo en el ruedo político nacional, abriendo una ventana legal para que operadores informales se regularicen masivamente bajo condiciones sumamente ventajosas antes de que concluya el actual período legislativo.
La mayor preocupación expresada por economistas y sociólogos urbanos radica en que, lejos de ordenar el sector, una aprobación apresurada y carente de consensos técnicos profundos provoque una saturación del espacio público, inundando los barrios vulnerables y los municipios periféricos con una proliferación desmedida de bancas de lotería presenciales y terminales electrónicas de apuestas.
La República Dominicana ya registra una de las densidades de puntos de juego por kilómetro cuadrado más altas de la región, por lo que debilitar los controles de distancia respecto a centros educativos, estancias infantiles y centros de salud afectaría de forma directa la cohesión social y la salud mental comunitaria, incentivando el desarrollo de conductas de ludopatía en poblaciones de baja renta monetaria.
Para una profesional de las ciencias políticas, el tratamiento de esta reforma penal y fiscal en las columnas de opinión debe ejercerse con el más alto rigor de las fuentes formales, analizando las tensiones legislativas desde el prisma de la gobernanza y exigiendo que el Estado central subordine la inmediatez recaudatoria a la protección del tejido social.
El éxito institucional de la nación dependerá de que el Congreso Nacional detenga la premura parlamentaria y propicie una mesa de trabajo multisectorial y transparente, garantizando que el ordenamiento de los juegos de azar no se traduzca en una desregulación masiva que comprometa el porvenir y la tranquilidad de las familias dominicanas.
