ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- La presentación ante los partidos políticos del borrador técnico elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) para ejecutar la reducción de 20 escaños en la Cámara de Diputados —pasando de 190 a 170 curules de cara a las elecciones generales de 2028— abre uno de los debates más trascendentales para la ingeniería institucional de la República Dominicana.
Esta medida no responde a una iniciativa discrecional de los órganos administrativos, sino al cumplimiento estricto de la reforma constitucional proclamada en octubre de 2024, la cual dispuso la reconfiguración de la matrícula de la Cámara Baja fijando 158 diputados por circunscripción territorial, cinco nacionales por acumulación de votos y siete representantes de la comunidad dominicana en el exterior.
La puesta en marcha de esta redistribución pone a prueba la madurez del sistema de partidos y plantea interrogantes fundamentales sobre el equilibrio entre la equidad poblacional y el desarrollo municipal.
Uno de los puntos más sensibles que arroja el diseño preliminar es el impacto diferenciado sobre las demarcaciones provinciales.
Al aplicarse la fórmula matemática de distribución proporcional basada en los datos demográficos oficiales del último censo nacional y respetando el piso constitucional mínimo de representación por provincia, al menos trece demarcaciones experimentarían una reducción de curules, concentrándose el mayor ajuste numérico en los grandes centros urbanos como la provincia de Santo Domingo, que vería reducida su representación en ocho escaños.
En términos de administración pública y desarrollo local, este reordenamiento obliga a repensar la articulación entre los gobiernos locales y sus legisladores. Cuando una demarcación con alta densidad poblacional y complejas demandas de infraestructura municipal pasa a contar con menos voces en el Congreso Nacional, se vuelve imperativo que los ayuntamientos, los consejos de desarrollo provincial y las organizaciones comunitarias fortalezcan sus mecanismos de planificación y gestión directa para evitar que la disminución de escaños se traduzca en una pérdida de peso presupuestario.
Por otro lado, la reducción del tamaño del órgano legislativo ofrece una oportunidad histórica para elevar la calidad de la función parlamentaria por encima de la cantidad de sus integrantes. La democracia dominicana no requiere de cámaras hipertrofiadas para garantizar la representatividad, sino de legisladores dotados de mayor rigor técnico, capacidad fiscalizadora y compromiso real con el estudio de las leyes.
Un Congreso más compacto debe traducirse en una optimización del gasto corriente del Estado y en una mayor visibilidad y rendición de cuentas individual de cada representante ante sus electores. Sin embargo, para que esta transición sea legítima y jurídicamente sólida, el proceso de validación normativa que deberá cursar en el propio Congreso Nacional exige que las fuerzas políticas actúen con visión de Estado, anteponiendo el mandato constitucional y el rigor estadístico por encima de las aspiraciones particulares o de los cálculos de supervivencia electoral en determinadas circunscripciones.
En última instancia, el rediseño de la Cámara de Diputados rumbo a 2028 representa un ejercicio clave de institucionalidad democrática que concierne directamente a toda la ciudadanía. Comprender cómo se distribuye el poder de representación en cada provincia permite al electorado ejercer un voto más informado y exigir una vinculación más efectiva entre sus representantes congresuales y las necesidades reales de sus municipios.
El desafío para los próximos meses radicará en sostener un diálogo político transparente y técnico que consolide la confianza en el árbitro electoral, garantizando que la nueva geografía parlamentaria fortalezca tanto la eficiencia legislativa como la equidad territorial de la República Dominicana.
