ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción
SANTO DOMMINGO, RD.- La decisión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia de ordenar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro representa un sismo institucional sin precedentes que redefine el equilibrio de poder en América Latina.
Esta medida, calificada de histórica por ser la primera vez en la vida republicana de ese país que se suspende de su cargo a un mandatario en funciones mediante este mecanismo constitucional, se produce en un escenario de máxima tensión: a tan solo once días de la segunda vuelta electoral prevista para este 21 de junio de 2026.
El dictamen, fundamentado en una presunta intervención ilegal y penal de oficio por el uso agresivo de sus redes sociales y pronunciamientos públicos a favor de la actual campaña, ha puesto bajo fuego el modelo de gobernanza del primer presidente de izquierda en la historia colombiana.
Para entender la magnitud del colapso, es obligatorio revisar la procedencia y el mito que construyeron a Gustavo Petro. Nacido en el departamento de Córdoba y forjado en las filas de la extinta guerrilla del M-19, Petro edificó su carrera política desde la oposición, presentándose como el abanderado de los marginados, un fiscal implacable de la corrupción y el promotor de una «Colombia Potencia Mundial de la Vida».
Sus luces se concentraron en su capacidad para colocar en la agenda pública temas urgentes como la justicia climática, la transición energética y la reforma agraria. Sin embargo, sus sombras administrativas terminaron por devorar su discurso: una alarmante ineficiencia operativa, escándalos de financiación irregular que tocaron a su propio núcleo familiar, y una incapacidad crónica para construir consensos estables que sumió a sus ministerios en una crisis permanente de rotación de personal.
Geopolíticamente hablando, el comportamiento de Petro fue el de un líder marcadamente ideologizado y confrontativo. Su política exterior se caracterizó por un alineamiento con bloques de la izquierda latinoamericana, una ruptura radical con aliados históricos como Israel y un uso desafiante de los micrófonos multilaterales para cuestionar el orden financiero global.
Esta conducta, percibida por las potencias occidentales como errática y divisiva, debilitó el rol tradicional de Colombia como un ancla de estabilidad en la región. Por ello, la noticia de su suspensión ha sido recibida con un respaldo diplomático directo y soterrado por parte de países que ven en el funcionamiento de las instituciones colombianas un freno legítimo al autoritarismo populista y una garantía para la seguridad hemisférica.
Desde la óptica de las ciencias políticas y la administración pública, lo que hoy ocurre en Bogotá es el triunfo de los contrapesos democráticos frente a la pretensión del hiper-personalismo presidencial. La defensa de Petro argumenta la existencia de un golpe de Estado blando, pero la realidad jurídica nos dice que el mandatario ha sido alcanzado por las mismas leyes de control electoral que él defendía en el pasado. Al intentar incidir en las elecciones para asegurar la permanencia de su proyecto político, Petro vulneró un principio sagrado de la administración del Estado: la neutralidad institucional de la máxima magistratura.
El panorama que enfrenta Gustavo Petro a partir de este momento es un laberinto judicial y político de pronóstico reservado. Separado provisionalmente de las funciones del Ejecutivo, deberá concentrar su debilitada energía en articular su defensa técnica ante el Congreso y los altos tribunales, mientras observa desde la periferia del poder cómo el electorado colombiano decide en las urnas el rumbo del país sin su tutela oficial.
La lección que nos deja este histórico junio de 2026 es una advertencia para toda la región, incluyendo a la República Dominicana: la legitimidad de origen que otorgan las urnas no concede un cheque en blanco para violar las normas del juego democrático. En la ciencia de gobernar, la ideología puede encender las masas, pero es el respeto irrestricto a la ley el único escudo capaz de sostener a un líder cuando las naves del mesianismo político comienzan a encallar en las rocas de la realidad institucional.
