ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINOG, RD.- El debate político y económico en la República Dominicana asiste a una fase de profunda saturación discursiva, donde las estrategias de captación del voto tienden a instrumentalizar las urgencias materiales de la población sin un riguroso balance de corresponsabilidad histórica.
Al evaluar la realidad fáctica desde la acera de las comunidades y los municipios de la periferia urbana, resulta evidente que la inflación y el encarecimiento constante de la canasta familiar se han convertido en las principales armas de erosión reputacional en el ruedo de los partidos políticos.
Genera una honda preocupación analítica observar cómo las estructuras de oposición y las élites partidarias tradicionales diseñan promesas de estabilización de precios que omiten de forma sistemática su propia incidencia en el diseño del modelo económico que rige al país. El ciudadano de a pie, aquel que no pertenece a los círculos corporativos de alta renta monetaria y que depende de manera exclusiva de su trabajo diario para subsistir sin el amparo de subsidios asistenciales, asimila con un justificado escepticismo estas ofertas electorales, forzando a las profesionales de las ciencias sociales a examinar las plataformas partidarias bajo los estrictos criterios de la objetividad metodológica y la memoria institucional.
El examen factual del espectro opositor devela las contradicciones inherentes a la retórica de campaña contemporánea. Por un lado, la plataforma de la Fuerza del Pueblo articula un discurso de redención económica centrado en la reducción del costo de la vida; sin embargo, para los analistas de políticas públicas, resulta inviable desvincular estas propuestas de la gestión previa de su liderazgo principal, quien tras agotar tres períodos constitucionales en la presidencia de la República, sentó las bases de la estructura fiscal, monetaria y de dependencia de los mercados exteriores que condiciona el presente ciclo económico.
Por otro lado, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) asume una postura de fiscalización severa frente a las carencias actuales, una línea discursiva que choca frontalmente con el recuerdo colectivo de sus dos mandatos gubernamentales consecutivos, un período caracterizado por una notable expansión del gasto que, bajo los cuestionamientos documentados de la sociedad civil organizada y las agencias de control judicial, propició un enriquecimiento desproporcionado de su entorno corporativo intermedio, dejando pasivos institucionales y litigios penales que aún gravitan en las fiscalías locales y que debilitan la legitimidad ética de sus actuales reclamos opositores.
En contraposición a este bloque, la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha tenido que pilotar el tren gubernamental bajo un escenario de permanente crisis exógena e incertidumbre climática. Desde la toma de posesión presidencial, el oficialismo ha enfrentado la gestión de contingencias de gran escala, abarcando desde la crisis sanitaria internacional y sus consecuentes distorsiones en las cadenas de suministro globales, hasta inundaciones pluviales severas provocadas por las variaciones extremas del calentamiento global, eventos que han desnudado las deficiencias históricas de la infraestructura urbana en el Gran Santo Domingo.
Si bien la resiliencia macroeconómica y las recientes enmiendas normativas orientadas a la transparencia —como las contenidas en el nuevo Código Penal— representan avances en la gobernanza, la persistencia de las alzas en los hidrocarburos y la contracción de la liquidez familiar derivada de los reajustes de la Ley 30-26 mantienen una fuerte presión sobre la base trabajadora.
La dependencia estructural del exterior expone al país a choques arancelarios internacionales y a fluctuaciones de precios que las burocracias estatales no pueden contener de forma unilateral, configurando una realidad material donde la población de abajo percibe que, mientras las grandes cabezas corporativas y políticas preservan sus márgenes de rentabilidad, la masa que no disfruta de privilegios económicos se debate en un esfuerzo diario de supervivencia donde la inercia del mercado no concede tregua.
El tratamiento analítico de estas tensiones del mercado electoral debe ejercerse bajo el más estricto apego a la ética literaria y profesional, utilizando el lenguaje condicional y amparando cada tesis en indicadores económicos verificables de la Dirección General de Impuestos Internos y el Banco Central, lo que proporciona un blindaje legal absoluto frente a contingencias por injuria o difamación política.
El éxito de la democracia dominicana de cara al presente ciclo estratégico que apunta al año dos mil veintiocho no dependerá de la capacidad de las élites para mercadear el descontento social o instrumentalizar las lágrimas de la escasez, sino de la madurez de la ciudadanía para exigir un debate programático de alta densidad técnica.
Reestructurar el mercado laboral mediante salarios justos, despolitizar la entrega de los servicios públicos esenciales y garantizar que la fiscalización de los fondos estatales se aplique con neutralidad y absoluto desapego de pasiones partidarias, representan las verdaderas salvaguardas para que el disenso documentado siga operando como el motor transparente de una nación previsible, soberana y firmemente protegida bajo el amparo inexpugnable del imperio de la ley y el estricto cumplimiento del Estado de derecho.
