ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- El escenario de la economía política internacional asiste a una profunda intensificación de las disputas arancelarias y tecnológicas entre las grandes potencias, configurando un mapa de riesgos que sirve como un espejo analítico indispensable para la toma de decisiones estratégicas en las naciones emergentes del Caribe.
En la actualidad, la escalada en las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y Canadá respecto al control de los flujos de datos y la seguridad de las redes críticas de telecomunicaciones devela que la soberanía digital ha dejado de ser un asunto puramente técnico para consolidarse como el principal eje de la seguridad nacional contemporánea.
Este conflicto transnacional debe operar como una severa advertencia para la República Dominicana en momentos donde las autoridades gubernamentales y sectores corporativos locales avanzan en negociaciones y acuerdos comerciales con la corporación transnacional Bitel.
El debate en el territorio dominicano se encuentra condicionado por un justificado temor generalizado en torno a los vectores de espionaje cibernético y vulneración de la privacidad de los datos masivos del Estado, un escenario de alerta que se potencia al recordar de forma veraz el impacto negativo y las distorsiones operativas que caracterizaron las previas alianzas e intercambios tecnológicos realizados con la República Popular China.
La anatomía de las disputas en el eje Washington-Ottawa expone con claridad metodológica que los activos tecnológicos de conectividad masiva constituyen el nuevo terreno de la guerra híbrida global. La reticencia estadounidense y canadiense a permitir la inserción de proveedores tecnológicos con opacidad en sus estructuras de control societario se fundamenta en la incapacidad de las agencias de inteligencia para auditar de forma absoluta la presencia de puertas traseras informáticas capaces de desviar flujos de información confidencial hacia gobiernos extranjeros.
Al proyectar este espejo sobre la realidad dominicana, la eventual entrega de concesiones operativas o el despliegue de infraestructura crítica a manos de firmas como Bitel introduce una variable de alta vulnerabilidad para la administración pública central y los gobiernos locales de proximidad.
Tolerar esquemas de dependencia tecnológica sin una fiscalización previa y minuciosa por parte del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) expone al país a la fuga de datos presupuestarios, identidades civiles y secretos comerciales, comprometiendo no solo el patrimonio del consumidor, sino la sintonía estratégica con nuestros principales socios comerciales en el marco de las recientes transiciones fiscales de la Ley 30-26.
Este delicado panorama de ciberdefensa adquiere además una rigurosa dimensión de responsabilidad judicial en el marco de la reciente y generalizada entrada en vigencia del nuevo Código Penal (Ley 74-25 y Ley 44-26). El reconfigurado ordenamiento punitivo dominicano ha consagrado el hostigamiento cibernético, la suplantación de identidad digital y las violaciones a la intimidad personal e institucional en el artículo 192 como delitos graves dotados de severas consecuencias punitivas, extendiendo la responsabilidad penal de forma vertical hacia las personas jurídicas mediante exigentes programas de cumplimiento normativo (compliance).
Frente a este nuevo ecosistema regulatorio, el Estado dominicano no puede subordinar la urgencia de la modernización digital a la firma de convenios que carezcan de total transparencia operativa y auditorías de código abierto de carácter independiente. Las decisiones sobre la infraestructura de redes deben ser tratadas como políticas de Estado permanentes, previsibles y despojadas de todo apasionamiento partidario o clientelismo de campaña con miras al ciclo estratégico del año dos mil veintiocho, asegurando que la inclusión tecnológica no se traduzca en una entrega desregulada de la soberanía nacional.
El tratamiento analítico del riesgo tecnológico transnacional exige una estricta objetividad y un riguroso anclaje en el dato factual e institucional, desplazando la ligereza del rumor mediático en favor del análisis geoestratégico de fondo. La República Dominicana cuenta con los marcos legales y el talento técnico para diseñar redes de comunicación seguras, transparentes y competitivas que no comprometan su integridad institucional frente a los choques e intereses de los bloques geopolíticos globales.
El éxito y el porvenir del desarrollo sostenible del territorio dependerán de la capacidad de nuestras burocracias para fijar pautas de inspección y control de legalidad estricta desde el momento de la postulación de los oferentes del Estado. Subordinar el mercado a la preservación del derecho soberano y a la protección de los datos de la ciudadanía es un imperativo ético ineludible para garantizar que la gobernanza democrática, la paz cívica y la estabilidad económica de la nación permanezcan inexpugnablemente protegidas bajo el amparo previsible del imperio de la ley y el estricto cumplimiento del Estado de derecho.
