ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- En la política dominicana, pocas cosas generan tanto consenso social y tanto pavor partidario como la idea de tocar los fondos que el Estado destina a las organizaciones políticas.
El reciente anuncio del Gobierno, que someterá al Congreso Nacional una propuesta para reducir en un 50% el financiamiento a los partidos a partir del próximo 1 de julio de 2026, ha levantado un polvorín que trasciende las siglas y toca el nervio de la gobernabilidad.
La realidad de esta decisión no es un hecho aislado, sino parte de un plan de contención de gastos ante un escenario global volátil. Con el barril de petróleo coqueteando con precios históricos debido a las tensiones en el Estrecho de Ormuz, el Poder Ejecutivo busca generar una disponibilidad de fondos cercana a los RD$40,000 millones.
En este tablero, el recorte a los partidos —que pasaría de los RD$1,620 millones presupuestados originalmente a unos RD$810 millones— se presenta como el sacrificio simbólico necesario para legitimar un ajuste de cinturón que afectará a toda la administración pública.
Sin embargo, tras el discurso de la austeridad, se esconde un laberinto legal y político. La oposición, encabezada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ya ha calificado la medida de «ilegal e inconstitucional».
Su argumento es sólido: el financiamiento está blindado por leyes especiales (Ley de Partidos y Ley Electoral) que no deberían ser modificadas mediante una simple Ley de Presupuesto. Para los partidos opositores, este recorte no es una medida económica, sino una «maniobra autoritaria» que busca asfixiar su capacidad operativa y digitalizar, forzosamente, una política que ellos aún prefieren hacer en las calles.
¿Cuál es el sentimiento del pueblo? Aquí es donde el Gobierno encuentra su mayor respaldo. En la percepción ciudadana, la idea de que los partidos «se aprieten el cinturón» mientras la canasta básica sube tiene una aceptación casi automática.
Encuestas digitales recientes sugieren que un sector importante de la población favorece el recorte, viendo en los partidos estructuras burocráticas que consumen recursos que bien podrían ir a salud o educación. El reto es que esa simpatía popular se convierta en presión legislativa.
Las expectativas reales para julio son moderadas. Si bien el oficialismo cuenta con los votos en el Congreso, el choque será frontal. El proyecto de ley que someterá el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, contempla que los tres partidos mayoritarios pasen de recibir 144 millones mensuales a 72 millones. Es poco probable que la oposición acepte este escenario sin dar una batalla jurídica en las altas cortes, lo que podría dilatar la aplicación real de la medida.
En última instancia, el debate sobre el financiamiento partidario es el espejo de nuestra calidad democrática. La verdadera pregunta no es si los partidos deben recibir menos dinero, sino si son capaces de sobrevivir sin la teta del Estado en tiempos de crisis.
Mientras el Gobierno apuesta al «populismo de la austeridad» y la oposición se escuda en el rigor legal, el ciudadano común espera que, por una vez, el ahorro prometido no se pierda en los pasillos de la burocracia, sino que llegue, en forma de alivio, a su propia mesa.
