ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- Desde la óptica de las ciencias políticas y la administración pública, la República Dominicana actual se presenta como un caso de estudio fascinante y, a la vez, contradictorio. Si analizamos los indicadores de los organismos multilaterales, el país exhibe una estabilidad macroeconómica envidiable y una gobernabilidad operativa que nos sitúa como un oasis en un Caribe frecuentemente convulsionado.
Sin embargo, al descender del gráfico a la realidad cotidiana, emerge una paradoja inquietante: tenemos un Estado que sabe gestionar números, pero que aún lucha por gestionar ciudadanos.
Estamos ante un sistema democrático funcional que ha logrado la madurez de la alternancia en el poder sin traumas sistémicos. No obstante, esa fluidez electoral convive con debilidades estructurales que impiden que el bienestar macro se traduzca en una mejora equitativa de la calidad de vida.
La gestión pública dominicana ha avanzado en procesos de transparencia y digitalización, pero la planificación estatal sigue siendo el gran talón de Aquiles. Seguimos operando bajo una cultura de la inmediatez, donde la respuesta a la crisis sustituye a la prevención estratégica.
La paradoja es clara: gobernar bien en los papeles no basta para gobernar en la realidad. La eficiencia administrativa, medida en clics y trámites burocráticos simplificados, es un avance necesario, pero resulta insuficiente si no va acompañada de una institucionalidad robusta que trascienda los periodos gubernamentales.
El ciudadano percibe esta brecha cuando escucha hablar de crecimiento económico mientras enfrenta deficiencias en seguridad, transporte y salud. Es aquí donde la conexión entre el Estado y la ciudadanía se fractura; el discurso del éxito macro choca con la vivencia de la precariedad micro.
Como profesionales de la administración pública, entendemos que la legitimidad de un Gobierno ya no solo se gana en las urnas, sino en la capacidad de entrega de servicios de calidad. La gobernabilidad operativa —esa capacidad de mantener el país funcionando día a día— es un logro, pero no es el destino final. El verdadero reto del Estado dominicano contemporáneo es cerrar la brecha entre la modernidad de sus despachos y la fragilidad de sus instituciones de base.
La estabilidad que hoy ostentamos es valiosa, pero no debe conducirnos a la autocomplacencia. Una democracia que no logra conectar su éxito económico con las aspiraciones tangibles de su población es una democracia en riesgo de desafección.
El desafío de esta generación de servidores públicos y analistas es transformar esa «estabilidad de papel» en una prosperidad institucional que se sienta en la acera, en el barrio y en cada hogar dominicano. Al final, la política es el arte de lo posible, pero la administración pública es la ciencia de hacerlo realidad para todos.
