ELLOS OPINAN RD
Por: Diego Torres
SAN LUIS, SANTO DOMINGO ESTE, RD.- La comunidad del distrito municipal de San Luis se encuentra consternada tras la trágica muerte de un menor de edad, presuntamente ejecutado por agentes de la Policía Nacional.
El hecho ha sido denunciado por familiares, activistas de derechos humanos y residentes del sector, quienes aseguran que se trató de una ejecución extrajudicial y no de un intercambio de disparos, como han querido hacer ver las autoridades.
Un operativo cuestionado
Según narró la madre del joven fallecido, identificado únicamente por su apodo «El Mayor», agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) la convencieron para que colaborara en la entrega de su hijo, asegurándole que no le harían daño y que solo lo llevarían detenido.
Los hechos ocurrieron en el sector La Casita de San Luis. La madre explicó que los oficiales, incluyendo un primer y un segundo teniente del destacamento de San Luis, rodearon su casa ubicada en el sector Piragua Arriba. De buena fe, ella accedió a acompañarlos hasta donde estaba su hijo, confiando en que sería arrestado conforme a la ley.
El Padre del menor de edad que fue asesinado en la casita de San Luis
“El teniente me dijo que solo lo iban a apresar. Llegamos a una casucha donde él estaba acostado. Rompieron la puerta, entraron preguntando por una pistola, y sin mediar más palabras, lo mataron de ocho disparos. Era un menor de edad, no estaba armado, ni presentó resistencia”, relató entre lágrimas.
Rechazo de la comunidad y defensores de derechos humanos
El Comité Dominicano de los Derechos Humanos, filial San Luis, se pronunció de inmediato tras el suceso, rechazando enérgicamente lo que calificaron como un acto criminal por parte de los agentes policiales. Su vocero, el activista Diógenes Ozuna, denunció que no hubo ningún enfrentamiento armado, sino una ejecución planificada.
“No fue un intercambio de disparos. Fue una vil ejecución de un menor de edad que ni siquiera portaba un arma. Esto viola todos los principios del debido proceso y los derechos humanos fundamentales”, expresó Ozuna.
Asimismo, el activista acusó a ciertos sectores internos del DICRIM de estar involucrados en una estrategia para desacreditar al general Pedro Ignacio Matos Pérez, actual director de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, mediante la generación de escándalos y acciones criminales como esta a nivel nacional.
Más denuncias por abuso policial
Ozuna también denunció la situación de otro menor de edad, actualmente detenido en el destacamento Felicidad, en el sector Los Mina, quien estaría siendo objeto de tortura física y psicológica.
“Exigimos que este nuevo caso también sea investigado a fondo. No podemos permitir que nuestros jóvenes sean perseguidos, maltratados y ejecutados por quienes deberían protegerlos”, advirtió.
Llamado a las autoridades
El comerciante local Héctor Ramírez, junto a otros comunitarios, condenó el crimen y expresó su preocupación por el deterioro del estado de derecho en el país.
“Estamos en un Estado de derecho, no en una dictadura. No podemos permitir que estas cosas sigan ocurriendo. Hoy fue este joven, mañana puede ser cualquier otro. Las autoridades deben asumir su responsabilidad y garantizar justicia”, manifestó Ramírez.
Exigen justicia y transparencia
Los familiares del menor, junto con representantes comunitarios, han solicitado al director general de la Policía Nacional y al Ministerio Público que este caso sea investigado con transparencia, y que los responsables enfrenten la justicia sin privilegios ni encubrimientos.
“A mi hijo lo mataron como a un perro, sin darle ninguna oportunidad. Solo tenía errores como cualquier joven de barrio, pero merecía un juicio justo, no ocho tiros en el cuerpo”, clamó su madre.
Este trágico suceso vuelve a poner sobre la mesa el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades en la República Dominicana, especialmente en sectores vulnerables. Casos como este no solo vulneran los derechos humanos, sino que también socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y justicia.
La sociedad dominicana exige respuestas, justicia y reformas profundas para evitar que este tipo de hechos sigan empañando la labor policial y truncando vidas jóvenes.
