ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMIGO, RD.- En el complejo ecosistema de la administración pública, existe una verdad que el tiempo, con su ritmo implacable, siempre termina por desenterrar: la integridad no admite puntos medios.
En la actualidad, el debate político suele centrarse en el ejecutor directo de la falta, en aquel que desvía recursos o malversa fondos. Sin embargo, es imperativo analizar con la misma severidad la figura del «encubridor por omisión», aquel funcionario que, por lealtad mal entendida o compromiso político, decide mirar hacia otro lado.
Históricamente, se ha intentado matizar la gravedad de ocultar un acto ilícito bajo el manto de la «gobernabilidad» o la «protección del equipo». No obstante, desde una perspectiva ética y legal, es tan responsable quien sustrae el patrimonio común como quien, teniendo el deber de vigilancia, permite que el robo se consume en el silencio de su despacho. La omisión no es una zona neutral; es una participación pasiva que oxigena la corrupción.
El riesgo de la «ceguera voluntaria»
El mensaje para quienes hoy ostentan cargos en el tren gubernamental debe ser claro: la era de los secretos perpetuos ha muerto. En una sociedad hiperconectada, donde la fiscalización ciudadana y las huellas digitales son omnipresentes, la noción de que «nada se sabrá» es una peligrosa ilusión. Todo, tarde o temprano, sale a la luz.
Muchos funcionarios llegan a sus posiciones con intenciones genuinas, pero pronto se ven asediados por las presiones de los «compromisos políticos». Es aquí donde radica la prueba de fuego. Permitir que empleados o subalternos negocien de forma turbia, utilicen el tráfico de influencias o gestionen recursos con fines negativos —bajo la excusa de devolver favores de campaña o mantener estructuras de poder— es una sentencia de muerte para la reputación del incumbente.
Los fines no justifican los medios
Ningún objetivo político, por noble que parezca en la estrategia de partido, justifica el uso de métodos fraudulentos. El funcionario que tolera la irregularidad en su nómina o en sus procesos de licitación, asumiendo que «el fin justifica los medios», olvida que, ante la justicia y la historia, el lodo siempre salpica hacia arriba.
Cuando estalla un escándalo, el argumento del «yo no sabía» ha perdido toda validez. El titular de una cartera es el custodio de la confianza pública y su deber es implementar controles, no solo para evitar el robo, sino para denunciarlo si ocurre en sus propias narices.
Un llamado a la transparencia real
La política no puede seguir siendo un refugio para la complicidad solidaria. Quien oculta un robo por proteger una cuota partidaria, termina ensuciando no solo su nombre, sino la institucionalidad del Estado.
Ser funcionario hoy exige una valentía que va más allá de la gestión: la valentía de decir «no» a las estructuras que exigen silencio a cambio de permanencia. Al final del día, el poder es transitorio y las posiciones en el tren gubernamental son prestadas, pero la responsabilidad —por lo que se hizo y por lo que se permitió hacer— es una carga que se lleva de por vida.
