ELLOS OPINAN RD
Por: Nelson Marrero
SANTO DOMINGO, RD.- Tras 12 años aproximadamente de ser dirigidos como nunca antes recursos presupuestales hacia la función educativa el peso de las evaluaciones de entes considerados independientes pero vinculados al sector van desde lo «deplorable» hasta lo «aceptable». Están quienes ven al sistema atrapado en una especie de utopía afectada por paralizaciones de docencia, incumplimientos de calendarios y una espera interminable por las transformaciones prometidas. Mientras el ministro actual, Luis Miguel De Camps, defiende su hoja de ruta dirigida a responder a «prioridades claras de la sociedad dominicana y basada en lograr la alfabetización real y la formación técnica articulada con el sector productivo».
Contra su optimismo, se acaba de escuchar la voz del catedrático Radhamés Mejía sosteniendo que: «Aunque cada año se anuncia con solemnidad un cronograma oficial, la realidad es que los días efectivos de clase se ven interrumpidos por paros, asuetos extendidos y actividades administrativas que desdibujan la continuidad del aprendizaje». Mejía es Profesor Emérito de la Pontificia Universidad Madre y Maestra de la que fue vicerrector por más de 35 años y actualmente coordina la Comisión de Educación de la Academia de Ciencias.
En contraste, el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, Ideice, que es un órgano público descentralizado, considera debidamente documentado que el analfabetismo en el país ha sido reducido y que el porcentaje del 4% ha fortalecido la inversión educativa e impulsado la calidad del sistema pre-universitario a través de investigaciones y evaluaciones. Suele recordarse que al avance educativo del país se le atravesó al comienzo de una nueva etapa «el terrible» impacto de la pandemia de covid haciendo bajar la calificación estudiantil e impulsando deserciones masivas. La educación a distancias e habría quedado demasiado corta o de considerable infuncionalidad en algunos casos.
El anterior ministro de Educación, Ángel Hernández, se despidió del cargo asegurando que el 4 % impulsa mejoras en la Educación y describió en marcha un fortalecimiento de la capacitación docente. Afirmó haber logrado que se duplicara la inversión en la formación docente y el fortalecimiento de la enseñanza en los primeros niveles de Primaria y en la Secundaria equipando los centros educativos con nuevas tecnologías.»Puedo garantizar que las bases que son necesarias para que el cambio en la educación se logre, están establecidas».
Eso no es lo que sostiene la entidad de la sociedad civil EDUCA (Acción Empresarial por la Educación) al pronunciase en el sentido de que: «la inversión del 4% del PBI en educación no ha mostrado resultados significativos y sería necesario un estudio profundo para determinar la eficiencia de esta inversión. Reconoció que si bien se registraba una mejora en calificaciones del nivel básico, los resultados en el nivel medio se han mantenido sin cambios. Dijo dudar de la eficiencia al invertir en la capacitación docente.
NO SE CONSOLIDA
A la idea de que la educación debe ser repensada en busca de su consolidación se sumó en su momento la ex-ministra de Educación Dra. Jacqueline Malagón: «En tiempos convulsos en los que el riesgo se multiplica en cada esquina de la vida cotidiana, repensar la educación es más que una tarea académica, es un acto de responsabilidad cívica y de visión de país». Al respecto, declaró su apoyo a un documento emitido por la «Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad» sobre la década 2014-2024 que a su juicio debería ser tomado de base para la autocrítica y las reformulaciones.
Malagón se refería al informe que el año pasado emitió la entidad de monitoreo sobre el sistema escolar expresando que a su juicio, al 2024, los resultados del aprendizaje todavía no mostraban avances estructurales. Sí reconocía los esfuerzos del Ministerio por ampliar la oferta de formaciones técnico-profesionales y de arte, diversificar los «itinerarios» formativos y mejorar la retención de ideas en los escolares.
En síntesis el informe afirma que persistía el desafío del abandono escolar en el nivel secundario, donde uno de cada 4 adolescentes de 15 a 17 años no asiste a la escuela y más de un tercio de los jóvenes entre 20 y 24 años no ha completado este nivel. Se apreció que las Pruebas Nacionales mantenían resultados similares a los del año anterior con evidencias de avances, aunque limitados, en el sexto grado de Primaria.
Los autores del estudio concluyeron su informe reiterando un llamado a todos los actores del sistema educativo a redoblar los esfuerzos por una educación inclusiva, equitativa y de calidad. «Lograr avances sostenibles exige una visión compartida, decisiones basadas en evidencia y políticas educativas que trasciendan los ciclos de gobierno».
En concreto, la exministro Malagón sostuvo que: «Quienes hemos hecho de la educación un acto de fe, un compromiso de vida, sabemos que la transformación del sistema no vendrá desde decretos sino desde convicciones. Desde un Estado que respete y promueva la vocación docente. No desde un gobierno que llame y no lo escuchen». Estimo que despolitizar el sistema no ha sido suficiente: debe abandonarse la práctica de repartir cargos técnicos en la cartera para pagar respaldos políticos y partidarios».
LAS DOSIS DE ADP
Sectores interesados en la estabilidad y mejoría del sistema educativo han opinado que si las autoridades no le ponen el cascabel al gato al activismo gremial que genera frecuentes interrupciones de docencia, la mejoría de la calidad de la enseñanza será siempre una tarea pendiente y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) propuso recientemente aplicar mecanismos legales y constitucionales que armonicen el derecho a huelga con el derecho a la educación.
«La educación no puede ser rehén de prácticas gremiales ni de concesiones que atenten contra su calidad». Enfatizó en la necesidad de aplicar un régimen de consecuencias frente a la inestabilidad del sistema educativo en detrimento de los estudiantes. A falta de ello persiste el criterio de que las autoridades de Educación han sido timoratas a la hora de aplicar las leyes que deben garantizar la docencia y el orden en las escuelas.
El matutino Diario Libre ha criticado los paros docentes de forma consistente, reaccionando contras las huelgas que la Asociación Dominicana de Profesores emprende por razones que no son directamente educativas y que han sido calificadas en la opinión pública como abusos a la tranquilidad social con daños desproporcionados sobre el derecho a la educación. El periódico Listín Diario ha vertido en editoriales y análisis, críticas a los afiliados a la ADP por su participación en protestas y paros en horas de docencia a los que atribuyó los bajos resultados en el aprendizaje.
Este diario HOY ha calificado las huelgas de maestros de «tragedia nacional» que afecta el derecho a la educación y a los estudiantes más vulnerables por tratarse de una lucha gremial que solo afecta a los planteles del sector público a los que van a parar exclusivamente estudiantes de la clase más pobre y del nivel bajo de la clase media. Otro medio importante calculó que los paros magisteriales le costaron al fisco a noviembre del año pasado RD$760 millones.
DINERO PERDIDO
Manejos irregulares y dolosos han causado erosión a la disponibilidad de recursos provenientes del 4% del PBI para el sector educativo con informes oficiales sobre los programas de mantenimiento de locales escolares durante varios periodos gubernamentales y específicamente entre 2022-2024 tras establecer un déficit acumulado de RD$4,588 millones. El anterior ministro, Ángel Hernández, se refirió en su momento a las «anomalías» solicitando una investigación al Ministerio Público que nunca se llevó a cabo.
Un documento que salió a la luz pública informó, con desglose un registro de desembolsos por año que constituyeron violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones encasillándolas en deudas de gestión de la Dirección General de Mantenimiento de infraestructuras escolares. Reportaba transferencias de miles de millones de pesos sin claridad de motivos ni destinos hacia otras áreas de la Administración Pública. Las conclusiones de auditorías que no movieron a la acción pública hablaba de un manejo irregular e histórico de más de diez mil millones de pesos.
Los manejos irregulares o que podrían ser penados por la ley de recursos especializados para la enseñanza en el país generan limitaciones económicas al sistema con inequidad en el acceso a liquidez de distintas áreas del sistema; disminuye la capacidad de crear nuevas infraestructuras y darles mantenimiento lo que a juicio de las propias autoridades de la cartera impide que muchos jóvenes se integren a la educación media y a otros niveles.
