ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- Existe una extendida fantasía en el imaginario social dominicano que sugiere que solo aquellos que poseen grandes capitales o los que presentan una declaración jurada ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sostienen la carga tributaria de la nación.
Nada más alejado de la realidad objetiva [La paradoja del surtidor: El costo de un petróleo ajeno y un presupuesto bajo fuego]. En la República Dominicana de hoy, el ciudadano común, el trabajador de a pie que sobrevive con un salario base, es un contribuyente de tiempo completo que paga impuestos desde el mismo segundo en que apaga la alarma de su teléfono móvil.
Sin embargo, en este tramo del año 2026, la presión fiscal se prepara para dar un salto cuantitativo hacia el terreno de la intangibilidad, obligándonos a preparar los bolsillos para el inminente cobro de tributos en la nube.
Para entender la magnitud del escenario actual, conviene mapear la factura invisible que la masa pobre y la clase media ya pagan de manera cotidiana. El primer gran mordisco al ingreso se produce por la vía del Impuesto sobre la Renta (ISR) para aquellos que superan la exención legal, pero el verdadero recaudador silencioso es el ITBIS.
Cada vez que un dominicano compra un artículo para el hogar, adquiere prendas de vestir o consume determinados alimentos procesados, está transfiriendo de inmediato un 18% de su capacidad de compra a las arcas del Estado.
A esto se suma el selectivo al consumo que penaliza de forma fija los servicios de telecomunicaciones con un 10% y un 2% adicional para el desarrollo del sector, convirtiendo la conectividad en un servicio de lujo. Pero el golpe más contundente ocurre en las estaciones de expendio de combustibles, donde, tal como ha reconocido el propio Poder Ejecutivo, pagamos una de las tasas impositivas más altas de la región simplemente por el hecho de no ser un país productor de petróleo [La paradoja del surtidor: El costo de un petróleo ajeno y un presupuesto bajo fuego].
A esta densa arquitectura impositiva tradicional, ahora debemos sumar las consecuencias del cuarto intento formal del Gobierno por regularizar el comercio electrónico. La inminente aplicación del 18% del ITBIS —o su reconversión bajo la figura del Impuesto al Valor Agregado (IVA)— a los servicios digitales consumidos en el país representa un cambio drástico en las reglas del consumo moderno.
Los gigantes tecnológicos extranjeros que operan en la nube sin residencia física en el territorio dominicano pasarán a ser agentes de retención obligatorios. Aunque el relato oficial intente presentar la medida como una forma de corregir la competencia desleal frente a las empresas locales, la mecánica implacable del mercado dicta que las corporaciones internacionales transferirán ese costo de forma íntegra al consumidor final.
Nuestros bolsillos, por tanto, deben prepararse para un encarecimiento directo y automático en las suscripciones mensuales de entretenimiento por streaming, las aplicaciones de productividad, el almacenamiento de datos, las plataformas de transporte privado y los servicios de entrega a domicilio a través de aplicaciones.
Para un dominicano común, que ya realiza malabares financieros quincenales para amortiguar el alto costo de la vida y el encarecimiento de la canasta básica familiar, este ajuste del 18% representa un asedio directo a sus espacios de esparcimiento, teletrabajo y educación en línea. El algoritmo ha sido finalmente alcanzado por el tintero del recaudador, y el impacto microeconómico será inmediato en las tarjetas de crédito y débito locales.
De cara a esta inminente transición fiscal, el ciudadano debe mantenerse sumamente atento para evitar dolores de cabeza relacionados con cargos duplicados o comisiones bancarias ocultas por transacciones internacionales. Desde las ciencias políticas y la administración pública, la legitimidad de este nuevo avance recaudatorio sobre la vida digital dependerá exclusivamente de la capacidad del Estado para devolver esos recursos en forma de servicios públicos tangibles, conectividad de calidad y transparencia institucional.
La economía digital ha dejado de ser un refugio libre de aranceles. Vivir, trabajar y entretenerse en la República Dominicana del 2026 se encamina a ser un ejercicio cada vez más costoso, recordándonos que en la era de la modernidad estatal, ni siquiera la vida virtual puede escapar a la mano del fisco.
