ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINOG, RD.- El análisis metodológico de las políticas socioeconómicas y laborales en la República Dominicana exige que las opiniones de carácter constructivo prescindan de nombres propios para concentrarse en la evaluación de los marcos normativos que rigen el bienestar de la clase trabajadora.
En las recientes discusiones legislativas y sectoriales de este mes de octubre de 2026, ha cobrado vigencia el debate en torno a la sustitución del término «doméstica» por nomenclaturas consideradas menos despectivas y más acordes con la dignidad de la función, tales como trabajadora del hogar o del servicio asistencial.
Este ajuste semántico constituye un reconocimiento formal válido; sin embargo, el rigor de la realidad cotidiana obliga a señalar que una reforma verdaderamente inclusiva debe trascender la terminología simbólica para concentrarse en mejorar de manera factual las escalas salariales, equilibrar las cargas de las jornadas laborales y garantizar el control normativo de las condiciones de trato en el espacio privado.
Factualmente, un porcentaje significativo de estas trabajadoras enfrenta entornos donde las tareas domésticas exceden los límites de la proporcionalidad técnica, resultando sobrecargadas y escasamente valoradas en el plano financiero, e incluso expuestas a dinámicas de vulnerabilidad verbal que toleran debido a la imperiosa necesidad de asegurar el sustento diario de sus hogares.
La transparencia informativa exige analizar el ciclo de supervivencia de este sector productivo para comprender las asimetrías de la jornada extendida no regulada. La realidad del servicio residencial expone que muchas de estas mujeres deben madrugar de forma sistemática para trasladarse hacia sus puestos de trabajo, viéndose obligadas a dejar a sus propios hijos bajo el cuidado informal de otros menores de edad, adolescentes o vecinos del entorno comunitario.
Tras asumir la atención de infantes ajenos y la limpieza profunda de las infraestructuras donde prestan servicios, las trabajadoras retornan al final de la jornada a sus respectivas viviendas para ejecutar, sin remuneración alguna, idénticas labores de mantenimiento en sus propios hogares. Esta duplicidad del esfuerzo físico y mental coexiste con una remuneración nominal que se evapora con rapidez ante los costos acumulados del transporte público y los compromisos personales básicos, provocando que el ingreso percibido ingrese al presupuesto familiar con niveles previos de endeudamiento debido a la inflación de oferta en la canasta familiar.
Por consiguiente, el valor analítico de este diagnóstico no radica en la polarización discursiva, sino en transparentar la urgencia de que el Ministerio de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social perfeccionen los mecanismos de fiscalización de la Resolución No. 14-2022 y las normativas concordantes.
El fortalecimiento de una cultura democrática y de equidad en la región del Caribe demanda pautas técnicas de salario mínimo real que se correspondan con el costo de la vida y garanticen de forma transparente el acceso a la protección social, asegurando que el sacrificio de las trabajadoras del hogar deje de ser una economía invisible y se consolide como un eslabón de movilidad social amparado de manera previsible por el ordenamiento legal de la nación.
