ELLOS OPINAN RD
SANTO DOMINGO, RD.- Cuando se habla de los logros del autoproclamado gobierno del “cambio”, resulta inevitable cuestionar la validez de tales afirmaciones a la luz de la realidad educativa que enfrenta la República Dominicana. Por segundo año consecutivo, cerca de 600,000 niños dominicanos han sido excluidos de las aulas, mientras que un número equivalente de hijos de inmigrantes haitianos ilegales ha sido admitido en las escuelas públicas.
Esta situación plantea serios interrogantes sobre la gestión gubernamental de la República Dominicana y su compromiso con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, especialmente el derecho a la educación.
La Constitución y el Derecho a la Educación
La Constitución Dominicana garantiza el derecho a la educación para todos los ciudadanos. Sin embargo, la actual administración ha priorizado la inclusión de hijos de inmigrantes haitianos ilegales en el sistema educativo público, dejando fuera a una vasta cantidad de niños dominicanos.
Esta decisión no solo es una violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos dominicanos, sino que también refleja una política educativa que parece desatender a los más vulnerables de la sociedad.
Un Retroceso Comparado con la Era de Trujillo
Recordando los peores momentos de la dictadura de Trujillo, aunque marcados por la represión, el gobierno de entonces seguía las directrices constitucionales que obligaban a los padres a enviar a sus hijos a la escuela hasta al menos el sexto grado de primaria. Aquellos que no cumplían con esta obligación se enfrentaban a sanciones.
Este contraste histórico subraya la gravedad de la situación actual, donde el gobierno del “cambio” parece desviar su atención de los niños dominicanos, incumpliendo con su deber constitucional de garantizar la educación para todos.
La Crisis Financiera y la Reforma Fiscal
La situación se agrava con el contexto financiero del país. El gobierno ha señalado la necesidad de una reforma fiscal debido a la falta de fondos. Sin embargo, esta crisis financiera no puede justificar la exclusión de estudiantes dominicanos de sus propias escuelas. La idea de enviar a estos estudiantes a escuelas privadas es inaceptable, ya que implica un desplazamiento injusto que favorece a los hijos de inmigrantes haitianos ilegales.
Consecuencias a Largo Plazo
La exclusión de 600,000 niños dominicanos del sistema educativo público tendrá repercusiones devastadoras a largo plazo. La falta de acceso a la educación no solo limita las oportunidades individuales, sino que también socava el desarrollo económico y social del país. Esta política de exclusión refleja una gestión ineficaz y una priorización errónea de recursos que debe ser urgentemente reevaluada.
La realidad actual del sistema educativo dominicano, marcada por la exclusión de niños dominicanos en favor de los hijos de inmigrantes haitianos ilegales, es suficiente para invalidar cualquier reclamo de buena gestión gubernamental.
El gobierno de la República Dominicana, del “cambio” debe reconsiderar sus prioridades y políticas, garantizando que todos los niños dominicanos tengan acceso a la educación como lo exige la Constitución.
Solo a través de un compromiso real con los derechos fundamentales y una gestión equitativa de los recursos se podrá asegurar un futuro prometedor para todos los ciudadanos de la República Dominicana.
