ELLOS OPINAN RD
VIANELA PIMENTEL, quien es pastora de Casa de Zión, descrito como “un ministerio para la familia”, era la propietaria de Comercial Viaros, SRL, empresa que se encargaba de “construcción y edificación, encofrado, realización de proyectos urbanísticos y asfaltado, venta de materiales de construcción en general”, detalla el Ministerio Público.
Las redes sociales de Casa de Zión, que no es mencionada en el expediente, tiene varias fotografías de la acusada así como videos de cultos religiosos en los que ella participa.
Mientras que su hijo, César Nicolás Rizik Pimentel, era el gerente de “Getrant del Caribe”, empresa que es mencionada en múltiples ocasiones en el expediente.
Las empresas representadas por madre e hijo están en la lista de diez entidades que supuestamente se lucraron por más de mil seiscientos millones de pesos.
En la lista que menciona a 23 personas, incluido el par, se indica que “entregaban en los distintos recintos penitenciarios alimentos incompletos, podridos, pestilentes, con gusanos, es decir, no aptos para el consumo humano, violentando la cadena de salubridad y conservación de la alimentación y poniendo en riesgo la salud de los internos de los recintos penitenciarios, la seguridad del personal al servicio de los centros de privación de libertad, y de los internos mismos”.
Acusaciones contra ambos
El nombre de César Nicolás Rizik Pimente es más mencionado que el de su madre.
El expediente indica que en las licitaciones para la “Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País”, el exprocurador Jean Alain Rodríguez, a través de su cuñado el acusado Rolando Rafael Sebelén Torres conformaron un entramado societario dirigido a nivel operativo por los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, “con la finalidad de apropiarse de casi la totalidad de las licitaciones de los alimentos”.
El documento indica que para tales fines crearon o adquirieron diez empresas, tales como Getrant del Caribe y Comercial Viaros.
Las empresas involucradas supuestamente “se apropiaron indebidamente de la mayor parte de los fondos públicos administrados por la Procuraduría, destinados a satisfacer de manera adecuada las necesidades de primer orden relativas a la alimentación y la salud de los más de 27,000 privados de libertad que se encuentran distribuidos en los 47 recintos penitenciarios del país, de los cuales 19 pertenecen al denominado modelo tradicional”.
Además, el expediente indica que entre “las maniobras fraudulentas” cometidas para estafar al Estado, “está la entrega de los productos contratados en presentaciones de menor cantidad y calidad a la que indica en el conduce que sustenta la factura pagada”.
Como salami, del que debían recibir 3.5 libras y que en su lugar solo enviaban 3 libras o menos. También facturaban una marca de calidad pero en realidad enviaban una por debajo de la contratada, “tornándose incomible y en ocasiones llegaba con gusanos, al igual que arroz”.
Lo mismo sucedía con el aceite que en vez de usar la marca Crisol, usaban una de menor calidad. Además, compraban media libra de plátanos y escogían los más pequeños.
“La sopita debía ser marca Maggie, sin embargo, entregaban sopita marca “Doña Nena”.
De acuerdo con el documento, la pastora y empresaria tenía una yipeta marcha Audi, que fue decomisada “por esta haber participado en actuaciones de lavado de activos, corrupción administrativa y delitos conexos”.
Mientras que su hijo poseía una yipeta Toyota, y dos casas en el Distrito Catastral, en el Distrito Nacional.
