ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- La República Dominicana atraviesa un momento definitorio en su arquitectura institucional. El actual proceso de reforma del Estado, impulsado con vigor desde el inicio del segundo mandato del presidente Luis Abinader, se presenta como una cirugía necesaria para un cuerpo burocrático que, durante décadas, ha padecido de hipertrofia y duplicidades. Sin embargo, en el quirófano de la opinión pública, la anestesia de la retórica oficial no parece ser suficiente para calmar la inquietud de una ciudadanía históricamente escéptica.
El corazón de esta transformación reside en la búsqueda de una eficiencia administrativa real. La reciente promulgación de la Ley que fusiona los ministerios de Hacienda y Economía es un paso concreto hacia la simplificación del gasto y la coherencia en la planificación nacional.
A esto se suma el ambicioso plan de integrar el Ministerio de Educación Superior (MESCYT) con el de Educación (MINERD), bajo la premisa de unificar criterios pedagógicos y optimizar el sagrado presupuesto del 4%.
Estas medidas, junto a la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, buscan cerrar las grietas por donde históricamente se ha filtrado el patrimonio estatal. La modernización no es ya un lujo cosmético, sino una urgencia fiscal en un contexto donde el crecimiento del PIB debe traducirse en servicios públicos de mayor calidad y menos burocracia ociosa.
No obstante, el camino hacia la optimización está empedrado de una profunda desconfianza política. Aunque la reforma constitucional de 2024 logró hitos como el «candado» a la reelección presidencial y la consolidación de un Ministerio Público independiente, persisten sombras que alimentan el recelo social.
El fallido intento de una «modernización fiscal» integral en octubre de 2024 dejó una lección indeleble: ninguna reforma técnica sobrevive si la población percibe que el sacrificio no es equitativo o que el ahorro estatal es solo un cambio de nombres en los despachos.
A esto se suman las controversias legislativas en torno al nuevo Código Penal (Ley 74-25) y los constantes ajustes de gabinete, que sugieren que la lucha contra la inercia administrativa es, en realidad, una batalla de desgaste interno.
Para que la reforma del Estado sea algo más que una reingeniería de organigramas, el Gobierno debe demostrar que la eficiencia no es solo ahorro matemático, sino resultados tangibles en la vida del dominicano de a pie.
La transparencia no puede ser un eslogan de campaña, sino un mecanismo auditable que reduzca la brecha de credibilidad advertida por la sociedad civil.
El Estado dominicano se encuentra en una encrucijada histórica: o logra convencer al ciudadano de que esta transformación le devolverá servicios dignos y un manejo pulcro de sus impuestos, o estas reformas serán recordadas simplemente como otro ejercicio de arquitectura política sin cimientos sociales. En este complejo juego de espejos, la eficiencia es la meta, pero la confianza es, sin duda, el único combustible que permitirá llegar a ella.
