ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- En el corazón del Valle de San Juan, una pregunta divide familias, moviliza gremios y mantiene en vilo al liderazgo político nacional: ¿Vale más el oro que duerme bajo las montañas de la Cordillera Central o el agua que irriga el «Granero del Sur»? El proyecto minero Los Romeros, a cargo de la multinacional canadiense GoldQuest, no es una novedad, pero en este 2026 el conflicto ha alcanzado un punto de ebullición que obliga a mirar el meollo de una crisis que es, a la vez, económica, ambiental y profundamente política.
El meollo de todo esto reside en la ubicación del yacimiento. Los Romeros se encuentran aguas arriba de la presa de Sabaneta, la infraestructura vital que garantiza el agua para el consumo humano y el riego agrícola de toda la provincia.
Para los técnicos de la minera, el proyecto es viable mediante una extracción subterránea que, aseguran, no utilizará cianuro ni afectará la superficie. Sin embargo, para los sanjuaneros, la desconfianza no es un capricho, sino un instinto de supervivencia: cualquier filtración o accidente en la cabecera de la cuenca del río San Juan significaría la muerte definitiva del valle.
La realidad actual de San Juan es la de una provincia en pie de lucha. Mientras los medios digitales locales se han convertido en cajas de resonancia de las protestas, la opinión de la comunidad sanjuanera está mayoritariamente volcada al rechazo.
Grupos como el Comité Suroeste Unido por el Agua y la Diócesis de San Juan, liderada por su obispo, han sido enfáticos: «El agua es nuestro oro». Consideran que la minería es pan para hoy y sed para siempre, y que el desarrollo de la provincia debe seguir el camino de la transformación agrícola y el ecoturismo, no de la extracción.
Por otro lado, las autoridades han mantenido una postura de cautela estratégica que muchos interpretan como ambivalencia. El Gobierno central, consciente de que República Dominicana necesita divisas y proyectos de inversión extranjera, ha condicionado cualquier avance a la presentación de estudios de impacto ambiental rigurosos.
Sin embargo, políticamente, San Juan es un territorio sensible; ningún partido se atreve a dar luz verde definitiva a la explotación sin el consenso social, un consenso que hoy parece imposible de alcanzar.
¿Qué es lo conveniente en este laberinto? La lógica del desarrollo sostenible sugiere que no se puede hipotecar el activo más escaso del siglo XXI, el agua, a cambio de una renta minera transitoria.
Lo conveniente para San Juan es que el Estado garantice un estudio de impacto ambiental independiente —no pagado por la minera— y que, paralelamente, se ejecute el Plan de Desarrollo Económico de San Juan con la inversión real que el campo necesita para dejar de ser una promesa electoral.
La realidad hoy es que San Juan no quiere ser una «provincia minera». El conflicto de Los Romeros ha dejado de ser un tema técnico para convertirse en un símbolo de soberanía local sobre sus recursos naturales.
Mientras el precio del oro sube en los mercados internacionales, en el valle de San Juan el valor del agua se cotiza aún más alto. En esta batalla, el oro puede brillar mucho, pero no se bebe, y el pueblo sanjuanero parece haber decidido que prefiere seguir siendo el granero del país a convertirse en el socavón del Sur.
