ELLOS OPINAN RD
Por: Suanny Acosta
SANTO DOMINGO, RD.- Con apenas un año y cuatro meses de Gobierno, la gestión del presidente Luis Abinader se ha visto fuertemente caracterizada por la destitución, suspensión y renuncia de más de 15 funcionarios públicos que, de una manera u otra, se han visto envueltos en escándalos de corrupción, irregularidades y agresión sexual.
15 DESTITUCIONES
Entre los funcionarios que encabezan la “lista negra” de destituciones por el jefe de Estado y la que estalló este lunes fue la de la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez Ramírez, quien es investigada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por alegadas irregularidades en un proceso de compras de equipos electrónicos.
“Se deroga el artículo 1 del decreto núm. 694-20, del 9 de diciembre de 2020, mediante el cual se designó a Luz del Alba Jiménez Ramírez como ministra de la Juventud”, indica el decreto presidencial.
Al igual que la exministra de la Juventud, José Altagracia Valenzuela Arias, excónsul de Juana Méndez fue también, este lunes, movido de sus funciones debido a que hace aproximadamente un mes, el programa Nuria Investigación Periodística (NIP) realizó un trabajo sobre el supuesto tráfico de migrantes haitianos realizado a través de una agencia de viajes en Santiago, que les facilitaba visados dominicanos para viajar a Brasil y quedarse allá de manera irregular, los que lograban llegar porque la mayoría eran estafados y nunca recibían el boleto aéreo.
El equipo de investigación de NIP fue a la misma agencia y todas las visas de los haitianos quienes se encontraban allá estaban firmadas por el Cónsul de Juana Méndez, José Valenzuela, y quién, una semana después del reportaje, emitió un comunicado donde se desligaba de cualquier anomalía que pudiera resultar con esta agencia.
El decreto con su destitución lleva el número 784-21, firmado por el presidente Luis Abinader el pasado viernes 3 de diciembre.
También figura en esta lista, el exencargado de la Dirección Regional de Aduanas en Santiago, Antonio Gómez Díaz, quien fue relevado de su posición el pasado 27 de enero por una acusación en su contra por violación sexual de una colaboradora de esta institución.
Asimismo, Plutarco Arias quien fungía como ministro de Salud Pública desde el pasado 26 de febrero y quien fue movido de su cargo mediante el decreto 324-20. Para ese momento, Arias indicó que en el Ministerio de Salud Pública habían sectores interesados que provocaron su cancelación para apoderarse del presupuesto que maneja esa institución.
La salida de Arias del ministerio se produjo después de la polémica desatada por el proceso de licitación para comprar las jeringuillas destinadas al plan nacional de vacunación contra el coronavirus, que fue cancelado después de una denuncia por una supuesta sobrevaluación.
La licitación, que fue suspendida un día después tras la denuncia, era para adquirir 25,8 millones de jeringuillas a un costo global de 646,9 millones de pesos.
La misma noche de su destitución, Arias publicó un comunicado en Twitter en el que denunció que hay “diversos sectores interesados en repartirse el presupuesto del Ministerio de Salud”.
Estos sectores, que no identificó, “han desatado una andanada de mentiras, críticas, extorsiones y chantajes, con la finalidad de distorsionar mi labor esforzada, recta y transparente en la conducción del ministerio”.
Mientras que, Tomás Ozuna Tapia, exadministrador de la Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste), fue destituido el 20 de mayo del presente año sin que hasta el momento se conozcan las razones. Tapia fue nombrado mediante el decreto 343-20 el 16 de agosto de 2020.
En adición a esto, fue removido de su cargo el coronel Elvis Alberto Muñoz Peralta, ex gerente financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), destituido luego de ser incriminado en el caso Operación Coral.
Otro servidor público que saltó a la palestra pública por haber sido destituido fue Miguel Mateo Familia, quien se desempeñaba como director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública y fue reemplazado por alegados actos de corrupción en la función pública.
Mateo Familia solo duro un mes en el referido cargo, desde el 17 de agosto hasta el 25 de septiembre del 2020.
Otro caso que estuvo bajo la mira de la prensa y el presidente, por supuestas irregularidades en la adjudicación de raciones de comida y desayuno, y que también fue movido de su cargo, recientemente, corresponde a Cecilio Antonio Rodríguez Montás, exdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) mediante el decreto 399-20 del 26 de agosto de 2020.
Junto con Rodríguez Montás fueron cancelados por el Ministerio de Educación José Alejandro Ceballos Paulino, director del gabinete; Andrés Montero Ferreras, consultor jurídico; Deiby Villalona de los Santos, de Gestión de Seguimiento a la Alimentación; Marino Laureano, del Departamento Administrativo, y Jesús Alcántara Alcántara, de la División de Tecnología de la Información y Comunicación.
A principio del mes de noviembre, mediante el decreto 704-21, fue destituida la gobernadora de Samaná, Elsa Argentina de León Abreu, luego de que expresara que “haría una fiesta” por cada persona que muera de Covid-19 por no estar vacunado.
Previo a esto, Abinader también separó del tren gubernamental a Serafín Canario de la Rosa, mediante el decreto 679-21, destituyéndolo como administrador de la Termoeléctrica Punta Catalina, esta decisión fue tomada por el mandatario luego de que en la prensa nacional trascendiera que el país tendría que pagar un precio más elevado por el carbón utilizado por la planta debido a que no se adquirió en enero de este año como se tenía programado y momento en el que el material precio.
CUATRO SUSPENSIONES
El gobierno del presidente Abinader se ha destacado, además, por suspensiones realizadas a sus funcionarios cuando a estos se les acusa de faltas graves en el ejercicio de sus funciones tal es el caso de, Leonardo Faña, exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), quien fue apartado de sus cargo luego de ser apresado por presunta violación sexual contra una empleada de esa entidad. Actualmente se encuentra en libertad, en cumplimiento con la decisión de la Corte de Apelación que le varió la prisión preventiva por una presentación periódica y el pago de una fianza de RD$500 mil.
A esta cantidad de exservidores públicos, se agrega quien era encargado de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, quien fue suspendido de sus funciones de acuerdo al decreto 334-21, por un supuesto fraude ocurrido en dicha institución la noche del 1 de mayo del presente año y por el cual ya han interrogado a varias personas, supuestamente involucradas. Al exadministrador de la Lotería Nacional le fue impuesta medida de coerción de un año de prisión.
Asimismo, fue suspendido de manera provisional mediante el decreto 550-21 el director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, implicado por el Ministerio Público en una red de lavado de activos y narcotráfico desmantelada en la Operación Falcón.
Se recuerda también que, mediante el decreto 722-21, el mandatario Abinader suspendió a Adán Peguero como director del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), de conformidad con el artículo 88 de la Ley núm. 41-08, de Función Pública.
Adán Peguero fue destituido luego del reportaje de investigación realizado por la periodista Nuria Piera, que puso en evidencia los contratos irregulares entre INPOSDOM y la empresa de envío de paquetes, Mía-Cargo. Este funcionario duró en el cargo aproximadamente un año.
SIETE RENUNCIANTES
Uno de los casos que más destacó fue la renuncia de la exministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, donde incluía en su declaración jurada 100 millones de pesos, de acuerdo a una investigación de la periodista Nuria Piera. Dentro de sus empresas había una que suplía al Ayuntamiento de Boca Chica, donde su esposo era regidor.
La referida exministra de la Juventud fue designada antes de Abinader tomar posesión, específicamente el 23 de julio de 2020 y solo duro en el cargo cuatro meses.
En cuanto al Ministerio de Salud Pública, el exviceministro y exdirector de Gabinete, Robinson Díaz renunció en febrero del presente año, apenas días después de estallar el escándalo de las jeringuillas, alegando que emprendería proyectos personales.
Ivelisse Acosta, exviceministra de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública; presentó su renuncia si explicar los motivos.
Olivo de León, exdirector de Comunicaciones de Salud, quien renunció al cargo a pocos días de haber sido nombrado, alegando dificultades para poder realizar el trabajo “con profesionalidad”.
Ulises Jiménez, había solicitado al ministro de Salud que colocará a otra persona en su lugar, según las informaciones que este dio a los medios de comunicación.
Carlos Fondeur, expresidente del Consejo de Directores del Acueducto y Alcantarillado de Santiago dijo que renunció a la posición debido a que sus funciones en la institución gubernamental estaban limitando su empresa del sector construcción, a través de la cual es suplidor del Estado.
Feyla Rodríguez Pavón, la exgerente de Portuaria de Puerto Plata, renunció tras denuncia de fraude millonario por el que al menos cinco empleados estarían siendo investigados.
