ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- El comportamiento de las sociedades contemporáneas se encuentra condicionado por una profunda y silenciosa fatiga estructural que se instala en la esfera más íntima de los hogares y redefine de forma drástica las dinámicas de la convivencia cívica y familiar.
Al evaluar la realidad fáctica desde la acera de las comunidades y los municipios de la periferia urbana, se devela un grito de auxilio inaudible procedente de ciudadanos que optan por el repliegue del silencio y que, asfixiados por la incertidumbre, prefieren la evasión del sueño antes que enfrentarse al pensamiento diario de cómo asegurar el sustento económico del día siguiente. Desde la sociología de la pobreza, este arropamiento emocional y financiero constituye un síntoma de la brecha existente entre los indicadores macroeconómicos oficiales de crecimiento y la experiencia material del ciudadano de a pie.
Coexiste en el territorio una amarga paradoja social donde miles de familias se ven obligadas a sacrificar su estabilidad interna para proyectar una sonrisa en el entorno público, mientras arrastran el alma devastada por la presión de un ordenamiento económico donde los gastos corrientes superan los ingresos líquidos de la clase trabajadora, un escenario que se agudiza bajo las transiciones fiscales globales.
Esta crisis de liquidez y bienestar social exige la articulación de un urgente llamado a la autogestión y a la conciencia financiera colectiva que desmonte las conductas de evasión transitoria en el consumo. Resulta alarmante observar cómo se instrumentaliza la llegada de cada viernes, antesala del fin de semana, para dilapidar en apenas cuarenta y ocho horas los recursos líquidos que costó treinta días de riguroso sacrificio laboral conseguir, una distorsión del gasto que profundiza el endeudamiento y debilita la resiliencia familiar frente a las fluctuaciones de los mercados.
Este desajuste conductual se traslada asimismo al plano de las responsabilidades civiles intrafamiliares, manifestándose en la tendencia de padres que delegan en los abuelos el compromiso alimentario y la crianza de los nietos, alterando la protección de la vejez. En los escenarios de mayor vulnerabilidad, la desesperación empuja a dinámicas punibles donde se envía a los menores de edad a la vía pública en busca de ingresos informales, exponiendo la infancia a los riesgos del entorno, mientras que en otros litorales, los progenitores terminan por postergar sus propias emociones y bienestar individual bajo la justificación de proveer un mejor porvenir material a sus descendientes.
El análisis politológico de este desorden de las prioridades humanas obliga a desmitificar la capacidad de respuesta de los liderazgos tradicionales que dirigen las agencias de control y las estructuras partidarias. Para los sectores que operan desde la distancia de los despachos burocráticos y cuyos intereses rara vez se interceptan con las angustias de la escasez rutinaria, las carencias de los estratos populares suelen ser procesadas bajo lógicas transaccionales encaminadas a asegurar la sumisión electoral, asumiendo de manera equívoca que el asistencialismo puntual es suficiente para mantener a las comunidades a su disposición.
Esta misma distorsión utilitaria del prójimo se reproduce de forma preocupante en los canales interpersonales y en las redes sociales, donde los ciudadanos activan el contacto con los profesionales independientes, analistas o mediadores únicamente para tramitar solicitudes de asistencia o beneficencia, despojando la interacción de un sentido de empatía o respeto humano al cosificar a las personas bajo el rol de cajeros automáticos, olvidando que quienes ejercen la labor analítica y de fiscalización en la prensa digital también asimilan sus propias cargas afectivas e institucionales.
El tratamiento de este grito de la conciencia ciudadana debe ejercerse bajo los principios de la ética literaria, de pensamiento y profesional, utilizando el lenguaje condicional y amparando las tesis en las teorías del desarrollo humano y los derechos de la familia consagrados en la Constitución de la República.
El éxito y la estabilidad de la democracia de cara al presente ciclo estratégico no dependerá de las narrativas que afirman de forma retórica que la nación se encuentra en un estado de bienestar óptimo, sino de la capacidad real de las políticas de bienestar social para mitigar la precariedad de la base. Contrarrestar los tiempos difíciles que experimenta la población de abajo exige que la clase política y los gobiernos locales de proximidad subordinen el proselitismo a la profesionalización de los presupuestos y a la creación de empleos dignos y estables.
Modificar el rumbo de una sociedad que parece haber subordinado la sensibilidad humana a la inmediatez material es un imperativo ético ineludible, garantizando que el porvenir material, la salud mental y la dignidad de cada familia permanezcan firmemente protegidos bajo el amparo previsible del imperio de la ley, la equidad social y el estricto cumplimiento del Estado de derecho.
