ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- La divulgación del informe presentado por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad de la ONU sitúa la seguridad fronteriza y el control de pertrechos militares de la República Dominicana en el núcleo del debate sobre la gobernanza regional y la transparencia institucional en este mes de octubre de 2026.
La investigación internacional señala la existencia de redes de suministro de armas y tecnología militar que abastecen a las estructuras delincuenciales en Haití, identificando municiones de calibre .50 de antigua fabricación cuyas marcas coinciden con materiales adquiridos legalmente en el pasado por las fuerzas de seguridad dominicanas.

Desde la perspectiva metodológica de la administración pública y la seguridad nacional, el abordaje de esta coyuntura exige una evaluación técnica y rigurosa basada en el dato público oficial, desprendiéndose de especulaciones mediáticas para observar las acciones de auditoría interna activadas por las autoridades de defensa.
Factualmente, el Ministerio de Defensa (MIDE) ha asumido una postura de transparencia informativa al admitir que las investigaciones se mantienen abiertas para determinar la trazabilidad exacta de dicho material bélico y esclarecer las circunstancias en que pudo haber llegado al territorio vecino, precisando de forma normativa que la coincidencia de lote no demuestra, por sí sola, la existencia de una transferencia autorizada ni de una política de estado dirigida a desestabilizar la frontera.
La complejidad fáctica de rastrear el flujo de municiones en la región del Caribe expone la urgencia de fortalecer los controles de inventario y la fiscalización en los puestos de contención aduanera para neutralizar las redes de contrabando hormiga que operan al margen de la ley.
Como evidencia del compromiso institucional y de los retos operativos en el terreno, los registros oficiales del MIDE detallan que miembros del Ejército de República Dominicana ejecutaron el arresto en la provincia de San Juan de un segundo teniente de la institución y de un ciudadano de nacionalidad haitiana, a quienes se les ocupó un cargamento ilícito de 1,516 cartuchos de diferentes calibres transportados en una motocicleta.
Este hecho delictivo, tramitado de forma inmediata ante la jurisdicción penal correspondiente, demuestra de manera objetiva que el tráfico de pertrechos militares suele alimentarse de conductas individuales infieles dentro de las filas y del aprovechamiento de las economías sumergidas de la frontera, lo que obliga al Estado dominicano a implementar auditorías balísticas digitalizadas y sistemas de marcaje indeleble de alta tecnología.
Por consiguiente, el valor analítico de este diagnóstico transparente no radica en el cuestionamiento a priori de la integridad de los cuerpos de defensa, sino en documentar de forma objetiva la necesidad de robustecer los mecanismos de contrainteligencia y debida diligencia.
La preservación de la soberanía nacional y la neutralización de los señalamientos de los organismos multilaterales exigen que los hallazgos de las investigaciones en curso se traduzcan en pautas técnicas operativas rigurosas y en sanciones ejemplares que dejen claro el cumplimiento normativo del país ante la comunidad internacional.
El fortalecimiento de una cultura democrática y pacífica requiere que el diseño de las políticas de seguridad fronteriza garantice un control riguroso y auditable de los arsenales del Estado, asegurando de forma transparente que el rigor técnico y legal sea la principal barrera defensiva que devuelva la previsibilidad, el orden institucional y la paz social a toda la geografía de la nación.









