ELLOS OPINAN RD
Por: Leticia Rosario Monción (LETTY)
SANTO DOMINGO, RD.- El funcionamiento del sistema de distribución energética en la República Dominicana se mantiene como uno de los ejes más sensibles e indispensables para la preservación de la estabilidad económica familiar y la paz social.
En la actualidad, las crecientes tensiones derivadas del servicio provisto por las Empresas Distribuidoras de Electricidad, que abarcan a Edesur, Edeeste y Edenorte, exigen un riguroso análisis de políticas públicas centrado en los mecanismos de fiscalización y en la efectividad de los órganos reguladores del Estado.
Desde la perspectiva de las ciencias políticas y la administración pública, es imperativo formular un llamado a la conciencia y a la responsabilidad institucional tanto a los administradores de las referidas entidades comerciales como a los gerentes de la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom), ante el descontento social generalizado por el descontrol en los altos precios de las facturaciones emitidas a los usuarios.
Los ciudadanos experimentan con frecuencia asimetrías significativas entre el consumo real registrado en sus hogares y los cargos reflejados en sus facturas periódicas, encontrando como respuesta justificaciones burocráticas orientadas a validar el alza tarifaria que en múltiples ocasiones no coinciden con la realidad material de los hogares dominicanos, debilitando la confianza ciudadana en las agencias de control estatal.
El núcleo técnico de esta insatisfacción cívica radica en las trabas procedimentales y en los desequilibrios normativos que rigen el proceso formal de reclamación en el país. El mayor obstáculo al que se enfrenta el dominicano de a pie es la imposición de la directriz administrativa que obliga al usuario a liquidar o abonar el monto total de la tarifa eléctrica facturada de manera previa a la tramitación de cualquier inconformidad ante las oficinas de las distribuidoras o la gerencia de Protecom.
Este requisito del pago previo, lejos de operar como un mecanismo de ordenamiento técnico, se convierte en la práctica en una barrera económica excluyente para las familias de baja renta monetaria, las cuales se ven forzadas a desviar recursos esenciales de su canasta familiar para evitar el corte inmediato del suministro, mientras esperan el inicio de una auditoría interna de su contador.
Los analistas del derecho administrativo señalan que este diseño procedimental sitúa al consumidor en una posición de extrema vulnerabilidad estructural, ya que una vez los recursos líquidos han ingresado a las arcas de las empresas, los plazos de resolución suelen dilatarse de forma desproporcionada, culminando la mayoría de las ocasiones en resoluciones que desestiman el reclamo civil y ratifican la facturación objetada, resultando en un detrimento sistemático del patrimonio del consumidor.
La resolución definitiva de la crisis del sector eléctrico dominicano demanda una profunda reforma que sustituya las trabas burocráticas por una verdadera simplificación de los procesos orientada al bienestar ciudadano. Para los profesionales de las ciencias sociales dedicados a la redacción editorial en la prensa digital, el tratamiento de estas problemáticas debe ejercerse despojando las tesis analíticas de todo apasionamiento partidario, anclando los planteamientos en el marco que rige la Ley General de Electricidad (125-01) y en las resoluciones oficiales emanadas de la Superintendencia de Electricidad.
El éxito de las políticas de desarrollo sostenible en el territorio se consolidará en la medida en que Protecom asuma un rol de arbitraje estrictamente neutral y proactivo, eliminando la obligatoriedad del pago anticipado para facturas que presenten desviaciones estadísticas evidentes respecto al historial del usuario y garantizando auditorías técnicas independientes.
La República Dominicana cuenta con la madurez institucional para modernizar su gobernanza de servicios públicos; corresponde a las autoridades del sector comprender que la eficiencia y la equidad en el trato al ciudadano no son concesiones opcionales, sino las mayores garantías para preservar la inclusión financiera, frenar la informalidad y asegurar el porvenir de la sociedad dominicana.
